Defensor Pueblo recomienda Ceuta y Melilla nuevos centros menores

Madrid, 3 oct (EFE).- El Defensor del Pueblo recomienda a Ceuta y Melilla construir sendos nuevos centros de internamiento de menores o una adecuada ampliación de los actuales para evitar que los menores tengan que ser trasladados a otras comunidades y alejados de sus familias.

Así se refleja en el informe del Defensor del Pueblo sobre el primer año de vigencia de la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, al que tuvo acceso EFE, y según el cual en 2001 en Ceuta se adoptaron 151 medidas en aplicación de la norma y en Melilla 76.

El Defensor del Pueblo recoge las recomendaciones de sendos Colegios de Abogados sobre la necesidad de aumentar el espacio para los menores, así como de ampliar los medios materiales y humanos de los juzgados de menores y de desarrollar un reglamento para la aplicación de la ley, vigente desde mayo de 2000.

Respecto a Ceuta, donde fueron detenidos 233 menores en 2001, recuerda que el centro de Punta Blanca dispone sólo de 14 habitaciones individuales para internos en régimen cerrado -19 en 2001- y se han habilitado otras dependencias para el uso de menores en régimen abierto y semiabierto.

Se incide en el considerable incremento de expedientes tramitados en los juzgados de menores desde la entrada en vigor de la ley (un aumento del 250 por ciento en 2001), con la consiguiente demora en la ejecución de medidas, y se propone la potenciación de los juicios rápidos en los casos en los que el menor prestara consentimiento.

En referencia al centro de Punta Blanca, el Colegio de Abogados denuncia que "carece de personal adecuado y de material suficiente para impartir la formación educativa que impone la ley" y transmite el alto índice de bajas laborales que se producen y la necesidad de que los educadores reciban cursos formativos.

El informe señala que en abril de 2002 siete educadores de Punta Blanca se encontraban de baja psicológica "debido a la insostenible situación que, al parecer, se vivía en su interior" y denuncia los "graves problemas de seguridad" existentes, como las dos fugas cometidas en 2001 y el lanzamiento de bolsas con droga desde el exterior para que fueran recogidas por los menores.

Melilla también tiene un sólo centro de internamiento, ubicado en el casco antiguo, con once habitaciones previstas inicialmente como individuales, aunque ahora se utilizan como dobles, y en julio de 2002 los menores internados eran 25.

Según el informe, un menor denunció la actuación de un vigilante de seguridad, pero el Colegio de Abogados asegura que son los menores los que han causado a educadores y vigilantes "lesiones de extrema gravedad".

En este caso, la memoria detalla que el coste medio de un menor en este centro ronda los 295 euros diarios y que la estancia media es de 116 días, por los tres meses de media en el caso de Ceuta.

Además, el informe denuncia que las dos ciudades carecen de centros de internamiento para la aplicación de la medida de internamiento terapéutico, por lo que los menores que precisan ese tipo de tratamiento tienen que ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud.

Del mismo modo, los Gobiernos y colegios consideran que con los medios actuales es imposible aplicar la ley a mayores de 18 años y menores de 21 y creen que sólo será posible hacerlo con un mayor desembolso económico por parte del Ejecutivo central.

El informe, que aporta datos sobre las detenciones y delitos, detalla que de los 223 menores detenidos en Ceuta, 118 eran marroquíes, 112 españoles, dos argelinos y uno francés, y que la mayoría está concentrada en la franja que abarca de los 16 a los 18 años.

De los 19 internamientos que se realizaron en 2001, 11 lo fueron con carácter cautelar y 8 por sentencia firme, mientras que en Melilla hubo 18 internamientos en régimen cerrado, dos en semiabierto y uno en abierto.

En esta ciudad, la policía detuvo a 188 menores, de los que 119 eran marroquíes, 66 españoles, dos argelinos y uno francés, y según el Colegio de Abogados, entre el 95 y el 99 por ciento de los hechos delictivos los cometen marroquíes que carecen de familia en la ciudad y pasan la frontera para "buscarse la vida".

EL Colegio de Abogados indica que el problema se agrava al cumplir los 18 años, ya que los menores solicitan la tarjeta de residencia y la reagrupación familiar con padres y hermanos.

Entiende que debería estudiarse para ambas ciudades un régimen especial sobre la condición de extranjería del menor delincuente para que no compute como tiempo de residencia el de permanencia en los centros de acogida o reforma a la hora de obtener la residencia legal en España.

También recomienda estudiar procedimientos para, con las debidas garantías, permitir en algún caso la repatriación de menores a su país.