Informe jurídico dilucidará si diputado inhabilitado debe seguir

Melilla, 6 ago (EFE).- La sociedad pública Promesa, dependiente de la Ciudad Autónoma de Melilla, solicitó un informe jurídico para aclarar la situación del consejeros y diputado de la Asamblea, Enrique Palacios (PIM), condenado por el Tribunal Supremo a siete años de inhabilitación para empleo o cargo público por prevaricar.

Aunque Palacios, a quien se consideró culpable de prevaricación por ordenar en marzo de 1998 el cierre del Palacio de la Asamblea para evitar la votación de una moción de censura en su contra, recurrió ante el Tribunal Constitucional, la Audiencia Provincial de Melilla ordenó recientemente la ejecución de la sentencia.

Además, el propio Palacios pidió la semana pasada al Gobierno autónomo su reingreso en la Policía Local al tener que abandonar su escaño, aunque todavía no ha recibido respuesta y mantiene su condición de diputado.

Al solicitar Palacios un informe a la dirección de Promesa sobre una presunta irregularidad en un curso de formación, ésta estableció que existen "dudas más que razonables sobre su estatus", por lo que pidió a la Secretaría General un informe para evaluar "su legitimidad para pedir esa documentación y ejercer como diputado", según informó el presidente de la entidad, Francisco Robles.