Minusválidos se querellan contra su presidente estafa y extorsión

Melilla, 31 ago (EFE).- Miembros de la Asociación de Minusválidos Solidaridad de Melilla presentaron hoy una querella contra su presidente, Pedro Ubieto, y otros miembros de su directiva por los presuntos delitos de extorsión, estafa, apropiación indebida y falsificación de documentos privados y públicos y abuso de firma.

Por la presunta comisión de estos delitos se pide para los querellados prisión incondicional y embargo de sus bienes en cantidad de 3 millones de euros, "cantidad suficiente para asegurar las responsabilidades a que haya lugar en concepto de indemnización", según consta en la querella, a la que Efe tuvo acceso.

En este documento se indica que Ubieto, que accedió a la presidencia de Solidaridad en 1986, mantuvo su mandato -que hubiera finalizado en 1988- al no convocar elecciones para su sucesión y que lo hizo "movido por un ánimo de lucro evidente".

En ese tiempo "retiró toda la documentación de la sede (...) llevando él las gestiones directamente desde su propio domicilio, sin contar con ningún miembro de la Junta Directiva, quienes temían represalias porque les decía que trabajarían en Solidaridad si no le complicaban la vida".

Los minusválidos acusan a Ubieto de crear varias empresas que resultan adjudicatarias por distintos servicios contratados por organismos públicos, lo que hizo "con ánimo de lucro" en contra de lo establecido por los estatutos de Solidaridad.

En la querella se indica que la Administración, "consciente de la necesidad de integración" de los discapacitados, procuró que los contratos se realizasen "en beneficio de los mismos minusválidos, siendo éstos defraudados por Ubieto y su asesor, tanto en sus posibilidades laborales como económicas".

Una de las empresas creadas, Solimel -participada por Solidaridad en un 75 por ciento y por un particular con un 25 por ciento-, fue presidida "fraudulentamente" por el querellado, "sacando beneficios de todo tipo y accediendo a subvenciones estatales y autonómicas".

Con esta política, continúa el texto, Solidaridad y Solimel consiguieron los contratos para explotar la Residencia de Estudiantes y Deportistas por 25 años, el camping de Rostrogordo por 15 años, el parque de educación vial, el aparcamiento del nuevo mercado central y el ascensor de la Ciudadela, y los servicios de restaurante y cafetería del Club Marítimo, la Casa del Mar y varios centros oficiales.

A través de ellos se promovieron "métodos de enriquecimiento injusto, como utilizar a trabajadores menores y extorsión a los empleados mediante la expoliación de una parte de sus salarios".

También se le acusa de apropiarse de los fondos aportados por el Inem para dos cursos de formación impartidos en 2000 y 2001, que ascendieron a unos 15.025 euros, y de no dar de alta en la Seguridad Social a varios trabajadores.