El ex director de la Autoridad Portuaria ha asegurado ante el juez que no participó en la venta de Isla de Talleres

El ex director de la Autoridad Portuaria de Melilla, Luis Fernández, que ha declarado hoy como imputado por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas relacionado con la venta de los terrenos "Isla de Talleres", ha asegurado ante el juez que no intervino "para nada" en la enajenación.

El ex presidente del ente, Víctor Gamero, y Luis Fernández fueron cesados por las irregularidades halladas por el Ministerio de Fomento en la venta, en diciembre de 2001, de "Isla de Talleres", de 10.3000 metros cuadrados y ubicada en pleno centro de la ciudad, ya que se licitó por 3.906.578 euros cuando el precio mínimo autorizado por Puertos del Estado era de 5.619.463 euros.

Tras la destitución de ambos y la paralización de la enajenación, el nuevo Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria retomó el proceso de venta por subasta de la parcela y aprobó un pliego de condiciones con una nueva tasación que estableció el precio mínimo de adquisición en 6.450.500 euros, aunque finalmente fue comprado por 7,8 millones de euros.

El Juzgado número 5 abrió una investigación tras la denuncia del Partido Independiente de Melilla (PIM) y hoy ha acudido a declarar como imputado Fernández, después de que la semana pasada lo hicieran Gamero y el arquitecto Mateo Bazataquí, que hizo la valoración del terreno.

Tras su comparecencia, el ex director de la Autoridad Portuaria ha dicho a los periodistas que ha respondido a "todas" las preguntas y que ha dejado clara la "legalidad" de su actuación porque no intervino "en ningún sentido en el proceso" de venta, y al igual que hizo Gamero, ha apuntado que el caso tiene "un componente político muy elevado y hay mucho de venganza política".

Preguntado sobre quién intervino en el proceso, se ha limitado a contestar que fue "quien decidió llevarlo al Consejo de Administración y quienes participaron en él" y ha afirmado que él no asistió a esa reunión ni solicitó la valoración de los terrenos.

Fernández ha negado que pretendiera comprar la vivienda en la que residía por su cargo, ubicada en dicha parcela, "lo que está por escrito y lo hice antes del Consejo de Administración", pese a que uno de los motivos esgrimidos por Fomento para su destitución fue la inclusión en el pliego de condiciones de la venta del solar de una cláusula que reservaba al presidente y al director el derecho de "adquisición preferente" del suelo sobre el que están construidas las dos casas.

Tras esta toma de declaraciones, el Juzgado de Instrucción número 5 practicará otra serie de diligencias y determinará el archivo del caso o la apertura de juicio oral.

Las defensas de Gamero y Bazataquí anunciaron la semana pasada que pedirían el archivo del caso al considerar que la demanda carece de consistencia.