El Tribunal de Cuentas revela que se ha incumplido la ley en la gestión del camping de Rostrogordo

Un informe del Tribunal de Cuentas revela el incumplimiento de la Ley de Contratos de Administraciones locales en la adjudicación y posterior gestión del cámping público del Fuerte de Rostrogordo, que la Ciudad Autónoma de Melilla concedió a la empresa Solimel S.L., integrada exclusivamente por minusválidos.

El secretario general de Comisiones Obreras de Melilla, Manuel Rueda, ha señalado como responsable de estas irregularidades a la dirección de Solimel y como corresponsable a la Administración autónoma.

El informe, elaborado por técnicos del Tribunal de Cuentas que inspeccionaron el Fuerte en marzo de 2002, se adjuntará a la denuncia que este sindicato presentó contra Solimel por impago y acoso moral a sus trabajadores, entre otros motivos.

Según Rueda, dicho informe establece que "no se señaló correctamente el canon de arrendamiento del cámping en el contrato -aunque el contratista no lo llegó a pagar- ni se definieron adecuadamente las prestaciones del adjudicatario y se estableció un plazo de vigencia superior al permitido".

Rueda ha añadido que del 29 de julio de 2000 al 12 de marzo de 2002, Solimel "no pagó un duro del canon" y que, según el Tribunal, "no consta que la Administración contratante haya llevado a cabo actuación alguna tendente al cobro de la deuda o a la rescisión del contrato".

Los inspectores comprobaron también "irregularidades" en el mobiliario, ya que Solimel se comprometió en su oferta a invertir en este ámbito 727.224 euros pero se observó que el material existente "era escaso y de ínfima calidad, sin que constase su valoración".

Además, se dice en el informe que la empresa no presentó los pertinentes balances económicos, algo que, según Rueda, la Ciudad Autónoma debió exigirle porque conocía "su deficitaria situación económica", ya que "no pagaba ni a sus trabajadores ni a los proveedores".

Por todo ello el líder sindical ha concluido que el Gobierno melillense "se saltó la Ley de Contratos de las Administraciones locales a la torera", a la vez que ha apuntado que su obligación es "recuperar el cámping y volver a sacar a concurso su gestión" y consideró "ilegal" que permita que este sábado vuelva a abrir sus puertas bajo la dirección de Solimel después de que la empresa haya cambiado de gerente.