Enrique Palacios recurrirá la sentencia que lo inhabilita durante nueve años por un delito de prevaricación

El ex vicepresidente y líder del PIM Enrique Palacios presentará recurso de apelación ante la Audiencia Provincial contra la sentencia que le condena a 9 años de inhabilitación por prevaricación por firmar un decreto para intentar suspender el pleno de una moción de censura en julio de 2000.

Palacios ha dicho a los periodistas que acata pero no comparte el fallo de la sentencia al entender que el Juzgado de lo Penal número 1 no ha tomado en consideración "pruebas fundamentales" que, en su opinión, demuestran que no adoptó una resolución ilegal a sabiendas.

El líder del PIM también ha anunciado que estudia interponer una querella contra varios de los testigos que declararon en el juicio por "falso testimonio" en su contra.

El Juzgado de lo Penal número 1 considera probado que el 15 de julio de 2000, el acusado, vicepresidente del Gobierno de CM y PIM y que en ese momento ejercía como presidente accidental, firmó un decreto suspendiendo el pleno de la moción de censura presentada contra Mustafa Aberchan por PP, UPM, PSOE y grupo mixto, "con conocimiento" de que la moción reunía los requisitos formales para celebrarse el pleno e informado por una secretaría técnica de las "irregularidades" de dicho decreto.

Según la sentencia, "se dan todos y cada uno de los elementos configuradores" del delito de prevaricación y que el acusado era "consciente y sabedor" de que por la mera presentación de la moción de censura, debía convocarse el pleno, y de que ésta estaba "bien presentada", a pesar de "hacer creer la existencia de normas contradictorias".

También entiende el tribunal que el acusado era "consciente de la injusticia de la resolución" y, sin embargo, "procedió voluntariamente a su aplicación", lo que considera que hizo "movido por el interés propio".

Palacios está ya inhabilitado para el ejercicio de empleo o cargo público, tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla a siete años de inhabilitación por prevaricación tras cerrar en marzo de 1998 el Palacio de la Asamblea cuando era presidente e impedir que se votara una moción de censura en su contra, fallo que luego ratificaría el Tribunal Supremo.