Palacios niega que exista persecución política en el caso de Isla de Talleres

El presidente del Partido Independiente de Melilla (PIM), Enrique Palacios, ha negado hoy que exista persecución política en su denuncia contra un presunto "pelotazo urbanístico" en la Autoridad Portuaria, que les costó el cargo al presidente y al director, y que ahora sigue su camino judicial.

Los dos imputados, el ex presidente de la Autoridad Portuaria, Víctor Gamero, y el ex director, Luis Fernández, afirmaron tras declarar ante el juez recientemente que el caso tiene "motivaciones políticas", algo que ha rechazado "absolutamente" Palacios, quien ha dicho que estas declaraciones "suenan a risa".

Ambos están imputados por un presunto delito de maquinación para alterar el precio de las cosas relacionado con la venta en diciembre de 2001 de la parcela de "Isla de Talleres", propiedad del ente público, después de que Palacios pusiese en conocimiento del fiscal que el precio propuesto para la enajenación era "irrisorio" y el Juzgado de Instrucción número 5 abriese una investigación.

Además de abrirse un procedimiento judicial, Gamero y Fernández fueron cesados por "pérdida de confianza" a instancias del Ministerio de Fomento.

Fomento les consideró responsables de impulsar la venta de "Isla de Talleres, de 10.300 metros cuadrados y ubicada en pleno centro de la ciudad, por 3.906.578 euros cuando el precio mínimo autorizado por Puertos del Estado era de 5.619.463 millones.

Tras la destitución de ambos y la paralización de la enajenación, el nuevo Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria retomó el proceso de venta por subasta de la parcela y aprobó un pliego de condiciones con una nueva tasación que estableció el precio mínimo de adquisición en 6.450.500 euros, aunque finalmente fue comprado por 7,8 millones de euros.

Aunque la defensa de Gamero y Fernández pidió el archivo del caso, Palacios confía en que se les deniegue porque cometieron "un presunto pelotazo urbanístico".