Velázquez asegura que impidió votar a Palacios a favor de la moción de censura contra él por la recomendación del asesor jurídico

El ex presidente de Melilla Ignacio Velázquez (PP) y la ex vicepresidenta de la Asamblea Beatriz Caro, han alegado hoy en un juicio por presunta prevaricación que impusieron el deber de abstención a un diputado en la votación de una moción de censura en su contra por recomendación del asesor jurídico.

En las conclusiones, el fiscal y la acusación particular, representada por el PSOE, han pedido nueve años de inhabilitación para cargo público para ambos, mientras que la defensa ha solicitado la absolución.

El procedimiento comenzó en 1998 a instancias de Palacios, quien se retiró de la causa, lo continuó Coalición por Melilla (CpM), que también desistió y sólo el PSOE se mantiene como acusación particular.

Los hechos se remontan al 1 de marzo de 1997, cuando en el pleno en el que se debatía la moción de censura contra Velázquez -suscrita por PSOE, CpM, UPM y grupo mixto- Caro interrumpió la votación para exhibir un decreto de la Presidencia en el que se imponía el deber de abstención al tránsfuga del PP y candidato alternativo, Enrique Palacios, alegando que tenía intereses personales.

La moción de censura no prosperó hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que recurrió Palacios por la vía contencioso administrativa, ordenó la repetición del pleno y el 28 de febrero de 1998 Velázquez fue relevado en la Presidencia.

En el juicio celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 2, Velázquez y Caro han explicado que el decreto fue elaborado por el asesor jurídico de la Presidencia, el ya fallecido letrado Alfredo Meca, quien a su vez se basó en informes de Manuel Jiménez de Parga, actual presidente del Tribunal Constitucional, y del catedrático de Derecho Administrativo Luis Ortega.

Velázquez ha destacado además que el 5 de febrero de 1997, tres días antes de abandonar el PP y pasar al grupo mixto, Palacios hizo firmar a todos los partidos de la oposición un documento en el que se comprometieran a proponerle como candidato alternativo como condición para ser tránsfuga y suscribir la moción de censura.

Para el imputado, este documento demuestra "claramente" que Palacios tenía "interés personal" en la moción de censura, ya que siendo el número 9 en la lista del PP era el "único modo de ser presidente", y ha añadido que "nunca" expresó "discrepancias ideológicas" con su partido por lo que "no había un motivo justo para el acto de transfuguismo".

Por su parte, Caro ha apuntado que Palacios dejó el PP "sólo y exclusivamente para ser presidente, y eso es interés personal" y ha subrayado que por el asesoramiento jurídico "solvente" del decreto estaba "convencida de su legalidad, si acaso podía decirse que era alegal".

Los testigos de ambas partes han expuesto con lagunas los hechos ocurridos en el pleno, y Palacios, que reconoció que hizo firmar el compromiso de alcanzar la Presidencia antes de abandonar el PP, ha asegurado que se sintió "satisfecho" cuando el TSJA le resarció su derecho al voto.

En las conclusiones, el fiscal ha pedido una sentencia condenatoria alegando que "claramente" los acusados cometieron prevaricación al hacer "una resolución arbitraria a sabiendas de que era para privar del derecho al ejercicio del voto a un diputado para que no prosperase una moción de censura", y ha calificado el decreto de "artimaña" usada para tal fin.

También ha defendido que el interés personal "siempre acompaña una moción de censura" y que, en todo caso, Palacios debió de ser informado del decreto en una "audiencia previa" para poder alegar.

La defensa se ha basado en que los dos acusados actuaron con el asesoramiento de un letrado "de notable prestigio y confianza, sin atisbo de parcialidad ni interés en la causa" y para salvar una situación "injusta y no ajustada a derecho" como la pretensión de Palacios, con la exigencia de un compromiso escrito, de ser presidente de Melilla pasando por un acto de transfuguismo.

Además ha subrayado que Palacios tenía un interés "distinto al público" y que sus defendidos actuaron "conforme a su responsabilidad y con asesoramiento jurídico para preservar una causa justa".