Aceptan penas de 11 y 14 meses los acusado por la rotura del depósito en Melilla

El Ministerio Fiscal, las acusaciones particulares y las defensas han acordado hoy, en el juicio celebrado en el Juzgado de lo Penal 2 de Melilla, penas de once meses de prisión y catorce de inhabilitación para los ocho ingenieros acusados por la rotura del depósito de agua de Melilla, que causó once muertos.

A los ocho ingenieros acusados, que intervinieron en la construcción y diseño del depósito siniestrado, se les imputan once delitos de homicidio imprudente grave, un delito de aborto por imprudencia y 28 delitos de lesiones por imprudencia y se les pedía en un principio por el Ministerio Fiscal y las acusaciones particulares penas de tres años de cárcel y cinco de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de ingeniero superior.

Tras el acuerdo alcanzado por estos mismos delitos, los ingenieros J.M.M.M., J.I.S.M., L.A.C.F. y el noruego P.E.O. se han conformado con una pena de once meses de prisión y catorce meses de inhabilitación para el ejercicio de la función de proyectista, y los ingenieros J.M.V.L., A.L.R.Q., R.C.R.F. y M.H.P.A. con una pena de once meses de prisión y 14 de inhabilitación para la función de dirección de obra.

En el mismo acto plenario, el Juzgado de lo Penal número 2, por acuerdo de las partes, ha acordado la suspensión de las penas privativas de libertad impuestas a los acusados, ya que cumplían los requisitos legales necesarios para no ingresar en prisión al carecer de antecedentes penales.

En cuanto a las indemnizaciones, se reclamaban 10,9 millones de euros por responsabilidad directa a cuatro compañías aseguradoras y como responsables subsidiarias a las empresas implicadas en la construcción del depósito defectuoso, que fueron Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), la Confederación Hidrográfica del Sur (CHS) y la empresa Forvap prefabricados.

Finalmente las indemnizaciones, que van desde 540 a 240.000 euros y que corresponden a unos 600 perjudicados, las asumirán las aseguradoras Le Mans, Royal Suinallence y Plus Ultra dentro de los límites de sus pólizas.

En cuanto al pago a los perjudicados, el titular del Juzgado, Francisco Ramírez, ha dicho que la intención es que se produzca a partir del 9 de febrero.

El acuerdo entre todas las partes se ha logrado después de meses de negociaciones previas entre los letrados de la acusación particular, de las defensas y el Ministerio Fiscal, bajo la supervisión del Juzgado, al objeto de consensuar la cuestión penal y el pago de las indemnizaciones, negociaciones que han continuado hoy durante varias horas.

Para la celebración del juicio, que estaba programado desde el 2 de febrero al 7 de marzo, ha tenido que prepararse una sala especial en una de las plantas del Edificio V Centenario -sede de los juzgados-, con capacidad para cien personas de público y para acoger a los casi 40 abogados personados en el caso.

La rotura del depósito de agua del barrio de Cabrerizas, el 11 de noviembre de 1997, originó una riada de 25.000 metros cúbicos de agua que inundó en pocos minutos los barrios del Polígono y Tiro Nacional y arrastró todo lo que encontraba a su paso.

El ejército, la policía, los bomberos y voluntarios tuvieron que trabajar intensamente en las tareas de limpieza y desescombro de la zona afectada.

La riada causó la muerte a once personas -una de ellas una mujer embarazada-, numerosos heridos y cuantiosos daños materiales.