El PSOE exige responsabilidades en el caso de los abusos sexuales de la Purísima

La portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Melilla, Celia Sarompas, ha tildado hoy de “gravísima” la acusación vertida sobre una de los ex responsables del centro de acogida de menores de la Purísima, gestionado actualmente por UNESCO, al que se le acusa de abusar sexualmente de las niñas inmigrantes que hasta hace unos días permanecían allí acogidas.

El Partido Socialista, que ha tenido conocimiento de los hechos a través de la prensa, ha asegurado que se trata de unos hechos muy graves ya que todas las miradas se dirigen hacia una persona que, supuestamente, tendría que haber velado por la protección de las menores, que “es lo que tiene que prevalecer”.

Por ello, Sarompas, tras oír a la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, “cuya respuesta llegó tarde y mal”, no ha dudado en acusarla de no tener la cautela “necesaria en estos casos”. En opinión de la portavoz socialista, la consejera “lanzó balones fuera e intentó quitar hierro al asunto”.

Así mismo, la socialista ha asegurado que las declaraciones de Garbín sobre el tema van en la misma línea “a la que nos están acostumbrando en el PP”, ya que lo único que hace, ha dicho, es acusar a la Asociación Pro Derechos de la Infancia a la que, además, “exige pruebas”.

Ante toda esta sucesión de hechos que considera “graves”, Celia Sarompas ha recordado que la responsabilidad en el asunto es de la Ciudad Autónoma y de la Consejería de Bienestar Social, por lo que cree conveniente la apertura de una línea de investigación sobre el asunto.

La portavoz del PSOE ha asegurado también que en el caso de que la investigación demuestre que ha habido algún tipo negligencia por parte de la consejera, “pediremos que se depuren las responsabilidades”. Paralelamente, los socialistas han solicitado a Garbín la convocatoria de una comisión urgente y extraordinaria para que explique los pormenores del asunto.

Sobre el responsable del centro acusado, Sarompas ha asegurado que ya había sido blanco de denuncias por hechos similares, por lo que no entiende cómo no se abrió antes una investigación. Además, ha recordado que se trata de un individuo que no posee la titulación que debería ser necesaria para desempeñar el cargo, y que sin embargo, la Consejería de Bienestar Social no exige a la hora de contratar al personal.

En este sentido, se ha referido a las cuestiones de los menores como “un negocio que sirve para colocar a los amigos y familiares, de ahí nuestra oposición al reglamento de centros de acogida que no exigía cualificación para los educadores”.