Entre el 65 y el 70 por ciento de los menores acogidos en Melilla no sufren desarraigo familiar

Entre un 65 y un 70 por ciento de los menores inmigrantes marroquíes que se encuentran acogidos en la ciudad de Melilla no sufren desarraigo familiar en Marruecos, según ha explicado la consejera de Bienestar Social y Sanidad, Maria Antonia Garbín.

Según la consejera, la mayoría de los menores tiene familia en su país de origen y lo que se está produciendo en los últimos años no es una "situación de desamparo, sino una inmigración".

Esa inmigración de menores tiene su origen en "los problemas de pobreza o de documentación" que surgen en Marruecos, por lo que la consejería está de acuerdo con el informe hecho público por la antropóloga Mercedes Jiménez, en el que se señala que un 45 por ciento de los menores inmigrantes no tienen desarraigo en su país "e incluso lo elevaría mucho más", ha señalado Maria Antonia Garbín.

Los menores acogidos, que en Melilla son 132, entran y salen por la frontera, van a fiestas en su país y se conocen los contactos con sus familiares en Marruecos, manifestó la consejera.

El informe de Mercedes Jiménez, auspiciado por el colectivo Al Jaima y UNICEF, indica que "es falsa la creencia generalizada de que estos niños viven en la calle en Marruecos. La gente cree que no tienen familia o que su familia no se ocupa de ellos y que emigran porque, en el peor de los casos, siempre estarán mejor en España en la calle que en Marruecos en la calle".

Maria Antonia Garbín ha señalado que "había que ser cautelosos" ante la llegada del nuevo Gobierno, que deberá desarrollar los acuerdos con Marruecos, y "estaremos a la espera de que nos llamen y aportar nuestros datos"

La consejera ha informado de que una semana antes de las elecciones, los responsables de Melilla se trasladaron a Madrid para informar de las opciones de la ciudad ante el problema de los menores inmigrantes.

Melilla, según la consejera, ha presentado dos vías: la política social para la reintegración familiar y, en los casos que no pudiera ser factible, habilitar hogares residenciales con módulos de formación para mayores de 16 años y de enseñanza obligatoria para menores de esa edad.

Por su parte, el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha manifestado que intentará "que se modifique la ley penal del menor, endureciéndola, para que no campen a sus anchas una serie de menores que cometen faltas que afectan a la sociedad y eso hay que pararlo".