Garbín, satisfecha con la "receptividad" de Madrid para los asuntos de menores

La consejera de Bienestar Social de Melilla, María Antonia Garbín, ha afirmado haber encontrado "receptividad" en la Dirección General de Inmigración, con cuyos responsables se reunió esta semana, para conocer los planteamientos de la ciudad autónoma respecto a los menores inmigrantes de acogida.

Garbín ha explicado que ha trasladado a la directora general que para el Gobierno melillense "lo idóneo" es que se creen en las ciudades marroquíes cercanas a Melilla centros que no sean sólo de acogida, sino también formativos, "porque así no se produce un desarraigo como se está produciendo y la integración y la formación puede ser mucho mejor a la que se está dando en Melilla".

La consejera ha indicado que han acordado remitir a la Dirección General de Inmigración sus planteamientos por escrito y con datos, respecto a los que ha recordado que hay otras comunidades como Canarias y Ceuta que "están de acuerdo", y ha estimado que podrán seguir abundando en el tema en la reunión del comité de seguimiento del convenio existente sobre menores de acogida, que probablemente será a mediados de julio.

Garbín ha dicho que esa "receptividad" de la Administración central para escuchar los planteamientos de Melilla acerca de los menores de acogida desea que "se convierta en algo más".

Además, ha indicado que la idea del Gobierno melillense respecto a cómo se debe desarrollar el memorándum que suscribieron España y Marruecos va en el sentido de la creación de esos centros para menores en ciudades marroquíes cercanas a Melilla "porque no es cuestión de coger al niño, mandarlo a la frontera y devolverlo, porque vuelven a los dos días y realmente no estás haciendo con él lo que creemos que se debe hacer".

La consejera ha informado de que tienen previsto pedir una prórroga del convenio que suscribieron con el anterior Gobierno sobre menores de acogida, dotado con 2,3 millones de euros, y si hay posibilidad "renegociar su cuantía al alza", ya que la ciudad autónoma gasta anualmente entre menores de acogida y de reforma alrededor de 8,5 millones de euros.