Interceptada una nueva patera cuando pretendía introducir inmigrantes ilegales en Melilla

La Guardia Civil de Melilla ha vuelto a realizar una nueva intervención contra la inmigración ilegal con la detención de una patera que se dirigía hacia la costa melillense, con la intención de introducir de manera ilegal en la ciudad a cuatro ciudadanos procedentes de Bangladesh.

Tan sólo unos días después de la interceptación de una patera con inmigrantes asiáticos, el avistamiento de una nueva embarcación en la madrugada del día 2 en las cercanías de la Playa de la Hípica, se salda con la detención de las dos personas que tripulaban la embarcación, que dieron identidad falsa y resultaron ser de nacionalidad marroquí y palestina.

Los hechos ocurrieron sobre las 04 horas de la madrugada cuando el dispositivo de control de la costa melillense que tiene establecido la Guardia Civil para evitar la entrada clandestina de personas desde el mar, observó la salida desde las escolleras próximas al vecino puerto de “Beni-Enzar “ (Marruecos), de una pequeña embarcación, sin luces y a remos, ocupada a primera vista por una sola persona que se dirigía hacia la Playa de “ La Hípica”.

Inmediatamente se alertó a la a los servicios operativos del Equipo de Actividades Subacuáticas, que provistos de embarcación oficial del Cuerpo, la interceptaron, comprobando en el interior se encontraban agachados cuatro personas, cuyos rasgos correspondían a personas de origen asiático, lo que motivó su traslado a remolque al Puerto de esta Ciudad, donde fueron recogidos todos ellos, sin ningún percance que destacar, para la instrucción de las oportunas diligencias.

Los inmigrantes, todos ellos indocumentados, varones, de edades jóvenes comprendidas entre los 21 y 36 años, dicen proceder de Bangladesh.

La embarcación en la que viajaban, al igual que la interceptada el día 26 de mayo pasado, es de tipo “patera”, de 4 metros de eslora, con casco de madera, en muy mal estado de conservación ya que también presentaba grietas en el mismo por donde entraba agua a su interior, y no contaba con ningún elemento de seguridad, ni para la propia embarcación ni para los ocupantes.

Los tripulantes detenidos, también indocumentados dieron identidad falsa, y una vez contrastada la misma por el sistema de identificación automático S.A.I.D. resultaron ser los siguientes:

El primero atiende a las iniciales Y. R, , natural de Marruecos, de 22 años de edad, con prohibición de entrada en territorio nacional por infracción a la Ley de Extranjería y con antecedentes penales con dos detenciones por delitos de “ robo con violencia o intimidación”, cometidos en Barcelona.

El segundo atiende a las iniciales H.A., de 27 años de edad, natural de Palestina, al cual le constan dos detenciones por infracción a la Ley de Extranjería, en Alicante y El Ejido (Almería).

La Guardia Civil quiere resaltar la efectividad obtenida en este tipo de control de inmigrantes asiáticos, cuya incidencia en esta Ciudad ha bajado mucho desde que se desarticuló una organización que se dedicaba al “tráfico de personas” en el marco de la “Operación Hayu”, hace aproximadamente un año y medio, que hizo que las “organizaciones” canalizasen los intentos vía Islas Canarias.

Los ciudadanos procedentes de países asiáticos, normalmente tienen un alto poder adquisitivo, pues pagan a la “organización” una cantidad que oscila entre los 10.000 y los 12.000 dólares para que los “introduzcan en España”, y su periplo para llegar hasta las inmediaciones de Melilla es tortuoso; casi siempre se inicia vía aérea hasta Arabia Saudí, Túnez, Argelia o el mismo Marruecos y después por otros medios, llegar hasta las proximidades de nuestra ciudad.

Los inmigrantes interceptados han sido puestos a disposición del Cuerpo Nacional de Policía, en aplicación del protocolo de actuación de extranjeros que de forma delictiva incidan en infracción a la Ley de Extranjería, para proceder a su devolución a sus países de origen, y los tripulantes de la embarcación son puestos a disposición de la Autoridad Judicial, en unión de las diligencias instruidas, como presuntos autores de un delito tipificado en el Código Penal contra “ los derechos de los trabajadores”.