Mañana comienza el juicio contra Palacios por presunta prevaricación

El Juzgado de lo Penal número 2 de Melilla juzgará mañana al líder del PIM (Partido Independiente de Melilla) y ex vicepresidente melillense, Enrique Palacios, por presunta prevaricación por firmar un decreto suspendiendo de funciones al secretario general de la Asamblea para que no convocara un pleno de moción de censura en julio de 2000.

Este juicio, en el que el Ministerio Fiscal solicita para Palacios una pena de 8 años de inhabilitación especial para cargo público, se iba a celebrar el pasado abril, pero se suspendió al plantearse cuestiones previas por parte de la defensa, ahora ya resueltas, explicaron hoy a Efe fuentes judiciales.

La vista oral se suspendió entonces al plantearse, entre otras cuestiones previas, la acumulación de causas, ya que había abierto otro procedimiento judicial paralelo por la firma de un primer decreto suspendiendo el pleno de la moción de censura.

Por esa causa, el Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla condenó el pasado diciembre a 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, al ex vicepresidente melillense y líder del PIM.

En el caso que se juzga mañana, los hechos se remontan a julio de 2000, cuando Palacios -vicepresidente del Gobierno que formaban Coalición por Melilla (CpM) y PIM y que en ese momento ejercía como presidente en funciones al estar ausente de la ciudad Mustafá Aberchán- primero firmó un decreto el día 15 suspendiendo el pleno de la moción de censura presentada contra Aberchán, que debía celebrarse el día 17.

El día del pleno, Palacios ordenó al entonces secretario general de la Asamblea, Ventura Rodríguez, que no se celebrara y ante su "desobediencia" firmó otro decreto suspendiéndole de sus funciones.

Sobre Palacios pesa además otra condena de siete años de inhabilitación dictada por la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla por prevaricación, tras cerrar en marzo de 1998 el Palacio de la Asamblea e impedir que se votara una moción de censura en su contra, fallo que luego ratificaría el Tribunal Supremo.