CpM interpela al Gobierno sobre la posibilidad de equiparar la indemnización por residencia de los empleados de lo privado a los públicos

El Grupo Parlamentario de Coalición por Melilla ha pedido al Gobierno de la Ciudad Autónoma que explique si está dispuesto a abrir un debate sobre la posibilidad de que la indemnización por residencia y los incrementos anuales que actualmente reciben los trabajadores del sector público sea extensible a todos los trabajadores de Melilla, eliminando de esta forma la desigualdad existente en este aspecto.

La cuestión a sido planteada en forma de interpelación por el presidente de CpM, Mustafa Aberchán, aprovechando el Pleno de Control que se ha celebrado en la mañana de hoy martes. Según ha explicado el líder cepemista el hecho de que los trabajadores públicos reciban una mayor cantidad de dinero en concepto de indemnización por residencia ha alimentado el desequilibrio del poder adquisitivo de todos los trabajadores y, por consiguiente ha favorecido el aumento de las diferencias económicas y sociales de la ciudad.

Con este desequilibrio en la percepción de la indemnización por residencia, Mustafa Aberchán cree que se ha incurrido en un acto inconstitucional ya que, según ha asegurado, “va contra el artículo 14 de la Constitución”.

Es por ello por lo que el líder de CpM ha pedido al Gobierno que se manifieste al respecto y ha anunciado que, si finalmente la idea es asumida, propondrá la creación de una mesa de estudio entre las fuerzas políticas y las fuerzas económico-sociales o bien plantearlo en el Consejo Económico y Social.

Ante esto, el consejero de Economía de la Ciudad, Daniel Conesa, ha asegurado que se trata de una cuestión de la que se podría hablar, pero ha reconocido que es muy difícil. Conesa ha recordado que la indemnización por residencia se concibió en su momento como un complemento salarial por vivir en un territorio alejado del resto de España, aunque ha reconocido que históricamente se han visto más beneficiados los trabajadores públicos.

Del mismo modo, el consejero de Economía ha explicado que la diferencia entre unos trabajadores y otros es que mientras el porcentaje de residencia para los públicos es fijado por las administraciones, el de los trabajadores privados suele ser fruto de negociaciones entre la empresa y los trabajadores, por lo que considera complicado igualar las cuantías ya que “no podemos obligar a las empresas a pagar más”.