El Gobierno y la Ciudad Autónoma firman las transferencias de Sanidad por valor de 1,2 millones de euros

El Gobierno y la Ciudad Autónoma de Melilla acordaron hoy el traspaso de funciones y servicios en materia de sanidad por valor de 1,16 millones de euros, en el seno de la Comisión Mixta Bilateral entre ambas administraciones.

El Consejo de Gobierno de Melilla pasará a partir de ahora a asumir las funciones de inspección técnica de sanidad, el control sanitario tanto de las aguas como de la contaminación atmosférica, la publicidad médico-sanitaria y los programas enfocados a la protección y la promoción de la salud, que hasta ahora dependían del Estado central. Junto al traspaso del coste de estos servicios, el Gobierno transferirá a Melilla 17 puestos de trabajo.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, manifestó su "satisfacción" por este acuerdo, "pendiente" desde 1995, año en que entró en vigor el actual estatuto de la Ciudad Autónoma. Además, indicó que se ha hecho "un buen acuerdo negociando con sinceridad", que beneficiará tanto a Melilla como a España.

Estatuto En este sentido, manifestó su intención de "afianzar primero" el estatuto vigente para después comenzar a hablar de su reforma. Así, destacó que aún quedan "dos o tres flecos pendientes" en materia de transferencias que hay que "acometer", referidos a transporte, aprovechamiento de montes y urbanismo. Expresó su deseo de afrontar estas transferencias "lo antes posible", aunque eso sí, "sin calendario".

La secretaria de Estado de Cooperación Territorial, Ana Leiva, señaló que la Administración General del Estado no traspasaba competencias a Melilla desde 1997, y que este acuerdo implica la "homologación" de la Ciudad Autónoma de Melilla en materia de sanidad a la de Ceuta, que viene desempeñando éstas funciones desde 1999. Asimismo, subrayó que el acuerdo alcanzado hoy "no afecta" al ejercicio de las funciones desempeñadas por el Instituto de Gestión Sanitaria y que tienen relación con la asistencia sanitaria.

Según Leiva, con este acuerdo se avanza en la dinámica de retorno al diálogo entre administraciones por parte del Ejecutivo, en busca de una nueva política de cooperación, "tal y como prometió Rodríguez Zapatero en el Debate sobre el estado de las Autonomías", que ha supuesto que en la VIII Legislatura el Estado haya transferido a las Comunidades Autónomas un total de 44 competencias por un coste de 180 millones de euros y con la cesión de casi 2.000 puestos de trabajo.