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El paro de los funcionarios de Justicia es secundada en Melilla por el 12,24% de los trabajadores
El Ministerio de Justicia reitera su voluntad de diálogo con la finalidad de llegar a un acuerdo
Publicada en MeliYa el 10 de junio de 2005
El Ministerio de Justicia considera desproporcionada la huelga “rotatoria” convocada por los sindicatos CC.OO y CSIF en las Comunidades Autónomas del denominado territorio Ministerio, desde el día 30 de mayo hasta el 21 de junio próximo, huelga que en Melilla ha sido secundada por tan sólo el 12,24% de un total de 147 funcionarios en Melilla, es decir, por 18 funcionarios.
Este Ministerio, “que respeta, por encima de todo, el derecho legítimo a la huelga”, considera sorprendente que esta convocatoria se haga justamente cuando en estos mismos días se están manteniendo y cerrando acuerdos en las mesas negociadoras en materia de jornada laboral y funcionarios interinos.
Asimismo, considera significativo que se convoque una huelga tan prolongada cuando los acuerdos suscritos con el sindicato UGT, que también fueron asumidos por otras fuerzas sindicales, han recogido la mayoría de las reivindicaciones económicas y en materia estatuaria, lo que demuestra la clara voluntad del diálogo y consenso del Ministerio de Justicia. Pese a todo, CC.OO y CSIF siguen apoyando sus reivindicaciones en el supuesto incumplimiento de unos acuerdos con el Gobierno anterior que, en la realidad, no existieron formalmente y, por tanto, no tienen validez legal. Por el contrario, este Ministerio se ha comprometido a cumplir el acuerdo suscrito con UGT y que supone un aumento de un 18,4% en las retribuciones, que se efectuarían desde el mes de agosto de 2004 al 1 de enero de 2006.
Sobre las próximas jornadas de paro, los propios sindicatos utilizan como principal argumento que el objetivo es “mantener la tensión permanente con la Administración con el mínimo coste para los trabajadores”. El Ministerio de Justicia cree que estas movilizaciones, convocadas sin atender a una oferta seria, repercutirán negativamente en el servicio público de la Justicia y causarán perjuicios tanto a la propia Administración como a los ciudadanos.
Dicha actuación no se justifica tampoco por un supuesto trato desigual -como indican los sindicatos- con jueces, magistrados, fiscales y secretarios porque el aumento porcentual de las retribuciones de los funcionarios será superior al de los demás cuerpos.
El Ministerio de Justicia, que siempre ha asistido a los encuentros con CC.OO y CSIF con el claro propósito de alcanzar acuerdos definitivos, ha tratado, en la negociación con los sindicatos, de combinar siempre dos aspectos: el cumplimiento de los acuerdos que sí fueron efectivamente firmados con el equipo anterior, y que, por tanto, tienen validez legal, con la eficaz implantación de la nueva Oficina Judicial, entendiendo que llevar a buen fin este proyecto exige una remuneración adecuada de los funcionarios, pero también su implicación para lograr que la Oficina sea un éxito.
En este sentido, el pasado día 25 de abril el Ministerio firmó un acuerdo con el sindicato UGT sobre las reivindicaciones del colectivo de trabajadores de la Administración de Justicia, que supondrá un incremento del 18,4 %, el crecimiento más alto pactado en los últimos 25 años y la asunción de casi todas las reivindicaciones estatutarias de los trabajadores. El aumento retributivo y la mejora estatutaria está vinculado a lograr implantar con éxito la Oficina Judicial. El Ministerio de Justicia culmina así un gran esfuerzo presupuestario para satisfacer las reivindicaciones de este colectivo.