El PSOE asegura que lo de Merino "es solo la punta del iceberg" y acusa al Gobierno de usar dinero público para cuestiones personales

La Secretaria de Política Municipal del PSOE, Ana Mansilla, ha asegurado que, a pesar de que el presidente de la Ciudad, Juan José Imbroda, rechazó la posibilidad de dar cualquier tipo de explicación sobre el presunto uso de dinero público para unas vacaciones del viceconsejero de Medio Ambiente, Guillermo Merino, el portavoz del Gobierno, Daniel Conesa, “ha tenido que saltar a la arena para intentar justificar una actuación política absolutamente bochornosa, injustificable y que pone sobre la mesa como utiliza el Gobierno de Imbroda el dinero de los ciudadanos melillenses”

En este sentido, Mansilla cree que las declaraciones de Conesa “no hacen más que agravar” lo que considera”una prueba contumaz del despilfarro y del abuso del dinero público del que hace gala el Gobierno del presidente Imbroda”. Según ha explicado la socialista, intentar ocultar el escándalo a base de insultos “no es de ser inteligente”, ya que en su opinión, lo único que demuestra es la forma que tiene de actuar el Gobierno Imbroda, “que cada día tiene más parecido con el GIL”.

Mansilla ha conrinuado asegurando no creer que hay un solo melillense que crea las explicaciones dadas por el portavoz del Goberno en defensa de Merino, y ha continuado asegurando que “lo de Merino solo es la punta del iceberg, las fiestas, copas viajes y saraos es lo que mejor sabe hacer este Gobierno”.

Es por ello por lo que ha manifestado que “la desfachatez política de la que hace gala el Gobierno Imbroda no tiene limite, debajo de las alfombras de este Gobierno existe mucha suciedad política escondida”.

Por último la responsable socialista ha añadido que el Partido Socialista no va a responder a Conesa con insultos “tal y como normalmente hace el Gobierno Imbroda”, sino con documentación y con pruebas que demuestran que un político del Gobierno de Juan José Imbroda ha estado 13 noches y 15 días en Madrid asistiendo a un Congreso cuya duración no superaba los tres días, algo por lo que “los ciudadanos exigen explicaciones convincentes. Si este Gobierno no puede darlas solo le queda depurar responsabilidades”.