Escribano denuncia "un nuevo caso de enchufismo" del Gobierno local

La diputada del grupo parlamentario socialista, Maricruz Escribano, ha denunciado lo que para su partido se presenta como un nuevo caso de “enchufismo” del Gobierno local en la gestión de los servicios públicos de la Ciudad, en relación con el centro de menores del Baluarte de San Pedro, y por el cual su partido ha presentado una moción con el fin de examinar la gestión de todos los servicios municipales de la Ciudad Autónoma.

En este sentido, Escribano ha informado de la renovación con fecha del 21 enero de 2005 del convenio de colaboración existente entre la Consejería de Bienestar Social y la asociación Proyecto Joven, en sustitución de Unesco y la empresa Vías, gestores de los centros de acogida de menores hasta el momento, y por un importe de 640.894 euros, procedentes de la Administración Central, según ha especificado la diputada socialista.

Dicho esto, Escribano ha explicado que la empresa Proyecto Joven, constituida tan solo siete meses antes de la adjudicación y sin experiencia, contaba entre sus socios fundadores con Daniel Iglesias y Virginia Montero, el hijo y la nuera respectivamente del viceconsejero de Nuevas Tecnologías, Juan Antonio Iglesias. Una empresa además, ha anunciado la diputada socialista, que fue creada con los objetivos de “colaborar en materia de menores con la Ciudad Autónoma e impulsar las Nuevas Tecnologías”.

Por otro lado, Escribano ha acusado al área de Bienestar Social de “saltarse a la torera” la legislación de contratos de la Administración Pública, ya que se utilizó la concesión directa y no una convocatoria pública. Un ejemplo más, según la diputada socialista, “de por qué María Antonia Garbín debería dimitir o ser cesada por el presidente Imbroda como consejera de Bienestar Social”.

Del mismo modo, la diputada socialista ha recordado que Daniel Iglesias, uno de los socios fundadores de Proyecto Joven, estuvo implicado pocos meses antes de la adjudicación en el caso de unos presuntos abusos a una menor del centro de La Purísima, al igual que fue demandado por la empresa pública PROMESA por el impago del alquiler de una nave del “Vivero”, declarándose insolvente al respecto. Unos antecedentes, ha dicho Escribano, que hacen que la empresa que gestiona “no pudiese ser considerada apta para que la Ciudad Autónoma le entregara 110 millones de las antiguas pesetas”.

Otra de las irregularidades señaladas por Escribano se refiere a la exigencia de la empresa de un acuerdo unánime de sus socios para aceptar a cualquier otro socio, “con lo que se les otorga un poder total para despedir, contratar, etc”, y no dando ninguna seguridad a sus trabajadores.