La oposición pone en duda la legalidad de la adjudicación del servicio de recaudación

Los dos grupos de la oposición realizaron durante el debate de la cuestión una "advertencia de legalidad", al considerar que la modificación del tipo de contrato -de prestación de servicios a contrato administrativo especial- no era necesaria, puesto que, según el diputado socialista José Luis Estrada, "la excepcionalidad en los contratos solamente sirve para cuando no cabe uno ordinario".

Estrada pidió, como ya ocurriera en la sesión plenaria anterior que el asunto volviese a quedar sobre la mesa, puesto que, según explicó, era necesario esperar a un informe de la Junta Consultiva.

Idoneidad Esta petición fue solicitada también por el diputado cepemista Abdelrrahim Sel Lam, quien también recordó que por parte de su grupo se solicitó un "informe de idoneidad" para que los técnicos fuera los que avalaran el tipo de contrato seleccionado.

Por su parte, el consejero de Hacienda, Guillermo Frías, afirmó que el pliego de condiciones ya cuenta con el respaldo de tres de los técnicos de la Ciudad Autónoma y aseguró que Melilla no es la primera región que elige un contrato administrativo especial para la gestión de la recaudación.

Frías defendió el pliego de condiciones para la gestión de la recaudación que tiene un periodo de vigencia de diez años, con derecho a una prórroga de otros diez.

La elección de este periodo de tiempo y no otro inferior, según el consejero, para garantizar una "mayor estabilidad" del servicio, que posibilite la consecución de una "mayor eficacia".

El portavoz adjunto del grupo mayoritario, Daniel Conesa, recriminó a la oposición las dudas que plantearon en el Pleno sobre la legalidad del pliego, asegurando que todas esas incógnitas tendrían que haber sido resueltas durante la Comisión de Hacienda.