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María del Carmen Dueñas cuestiona la eficacia de la nueva Ley del Menor del Gobierno ZP

El Partido Popular ha presentado una batería de peticiones, todas desatendidas

Publicada en MeliYa el 14 de octubre de 2005

Redacción

La secretaria regional del PP, Mª Carmen Dueñas, rechazó la reforma de la Ley del Menor que pretende realizar el Gobierno socialista, habida cuenta que la pretendida reforma “ni ataja la alarma que crea hoy el incremento de la delincuencia juvenil, ni potencia, ni refuerza, sino al contrario, pone en grave riesgo el sistema de prestaciones que con gran esfuerzo hemos sido capaces todas las Administraciones Públicas de poner en marcha en estos años; un gran esfuerzo y gran sacrificio, de muchas personas y muchos medios”.

Dueñas ha explicado que el PP ofreció consenso al Gobierno socialista –ante la evidencia de que había que tratar de mejorar la Ley - con los únicos requisitos de que se cumpliesen los trámites legales y los trámites lógicos: que se hiciese la evaluación formal que se preveía en la Ley, que se respetase que la reforma fuera de acuerdo con las CCAA, y que se hiciese una estimación económica “de lo que había significado la puesta en marcha de la Ley del Menor en estos años para todos y de las nuevas previsiones que se incorporasen a la Ley para que no fuesen obligaciones sobrevenidas a las CCAA”.

En este punto la líder popular fue clara: “Tengo que decirles que ni una sola de estas consideraciones ha sido cumplida por el Gobierno. Ninguna. No ha buscado el más mínimo diálogo con el PP; no ha buscado el acuerdo con las CCAA. No ha realizado la evaluación exigida por la Ley”.

Para la número dos del PP, la reforma debería “responder a la situación de alarma social que ha generado el aumento de la delincuencia y fortalecer el sistema para que los objetivos que se persiguen con la Ley, (reeducación y reinserción de los jóvenes delincuentes) se potencien y las capacidades de todas las administraciones públicas para atender as sus responsabilidades de reeducación y reinserción se multipliquen”.

Peticiones Ninguna de estas peticiones se incluyen en la reforma socialista de la Ley. Para Dueñas , el legislador socialista se niega a dar una solución y a asumir el compromiso de que las instituciones reeduquen y reinserten, de hecho “el texto no ha recogido el clamor de muchas instituciones, especialmente de la Fiscalía General del Estado que han pedido que en la ley se incluya el tratamiento de los casos de especial gravedad o multirreincidencia cometidos por los menores de 12 y 13 años ni tampoco incluye en la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor “el agravamiento de las sanciones para los delitos más graves cometidos por menores”.

Además, la dirigente popular ha explicado que el PP no comparte tampoco lo previsto por la Ley para los jóvenes de 18 a 21 años. En este sentido el Grupo Popular en el Senado ha defendido una enmienda por la que se trata de evitar que los jóvenes de entre 18 y 21 años puedan beneficiarse de las medidas contempladas en la Ley del Menor.

Por no aceptar propuestas, ha dicho Dueñas, ni siquiera ha aceptado lo siguiente: “que los menores que pertenezcan o actúen al servicio de una banda, organización o asociación no podrán cumplir la medida impuesta en un mismo centro, teniendo que designarles a cada uno un centro distinto. Ni eso ha sido capaz de este Gobierno de valorar cuando al mismo tiempo va diciendo por ahí que quiere modificar el Código Penal porque sabe que uno de los problemas principales que tiene este país son las bandas y las redes organizadas”.

Además, en el apartado de financiación, esta ley nace incapaz de ser aplicada porque el Gobierno no ha querido acometer la necesidad de financiación que tiene que acompañar esta ley. Y se ha negado por activa y por pasiva, y sigue negándose a día de hoy”.

Dueñas ha concluido aludiendo a una enmienda presentada por el PP que insta al Gobierno a que “dentro del plazo de dos meses de la publicación de esta Ley Orgánica en BOE adoptará, previo acuerdo con las Comunidades Autónomas con competencias asumidas, las resoluciones necesarias para hacer efectivo el régimen de financiación que requiere la ejecución de las medidas previstas en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores”.