Melilla pedirá a todas las autonomías que acepten acoger inmigrantes procedentes de la Ciudad Autónoma

El presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Juan José Imbroda, ha anunciado su intención de dirigirse a todos y cada uno de los presidentes de las comunidades autónomas para pedirles que, mediante los acuerdos existentes a nivel nacional, acepten el envío de inmigrantes desde Melilla “porque estamos desbordados”.

Del mismo modo, ha asegurado que se dirigirá al Gobierno de la Nación para que de una vez por todas ponga en marcha medidas que frenen este problema que en la actualidad sufre Melilla en materia de inmigración, y que ha sumido a la ciudad en una situación insostenible.

En este sentido, Juan José Imbroda ha asegurado que confía en encontrar no sólo la solidaridad y la responsabilidad del resto de autonomías, sino también que el Gobierno central “tenga un gesto de responsabilidad y exija a Marruecos en la próxima Cumbre una mayor colaboración para que esto no ocurra”.

En opinión del presidente, es importante que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tome medidas “urgentísimas”, ya que el de la inmigración se ha convertido en un problema que “trasciende a la Ciudad Autónoma y a la Delegación del Gobierno, es un problema que se tiene que afrontar desde el Ministerio del Interior y de Asuntos Exteriores”.

Moción

Por otra parte, el presidente melillense se ha mostrado satisfecho tras la aprobación por la mayoría del Senado de la Moción del PP en la que se insta al Gobierno central a tomar medidas para acabar con el problema de la inmigración en Melilla y en Ceuta, ya que en su opinión, significa que la mayoría de los grupos del Senado comprenden el problema por el que está atravesando Melilla.

Además, Imbroda se ha atrevido a ir más lejos y ha asegurado que incluso los que votaron en contra de la moción, como es el caso del Partido Socialista, “lo hicieron a regañadientes, porque según sus declaraciones la simpatía estaba con nosotros y entienden el problema”.

El presidente de Melilla espera que, una vez aprobada la moción, y aunque no tiene carácter vinculante, el Ejecutivo central le preste atención.