Defensa no ha recibido instrucciones para proceder contra ningún soldado ceutí posiblemente relacionado con la 'Operación Duna'

El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ha asegurado que su departamento “no ha recibido ninguna indicación de proceder contra nadie” tras la ‘Operación Duna’ contra el terrorismo internacional de matriz islámica realizada el pasado martes en Ceuta por orden del juez Garzón, informa El Faro de Ceuta y Melilla.

Según la investigación, uno de los miembros de esa hipotética célula salafista sería un ex soldado, quien habría contactado junto a sus compañeros con otros militares para sustraer armas y explosivos de polvorines de las Fuerzas Armadas.

El titular de Defensa salió así al paso de los insistentes rumores que situaban a los soldados de credo musulmán como objetivo de una supuesta ‘oleada’ de invitaciones a abandonar la disciplina castrense y reiteró que la seguridad de los polvorines y los depósitos de armas militares está “garantizada”.

Alonso citó nada más tomar posesión de su cargo, en abril, a los jefes de Estado Mayor de los tres ejércitos para tratar sobre la seguridad de estas instalaciones y ayer volvió a enviar un mensaje de “total” tranquilidad: “El Ministerio de Defensa estuvo perfectamente informado de la ‘Operación Duna’”, dijo Alonso, quien resaltó que sus relaciones con las autoridades policiales y judiciales son “fluidas”.

Fuentes de la Comandancia General militar de Ceuta han reconocido que la infiltración de islamistas radicales violentos en sus filas se convirtió en una prioridad máxima a atender por sus servicios de investigación interna hace “algo menos de diez años”, sustituyendo en este papel a los ultraderechistas.

Sin embargo, estas mismas fuentes han negado que se esté produciendo un envío sistemático de cartas dirigidas a algunos soldados musulmanes para no renovarles o, más aún, rescindirles directamente sus contratos. “Se está invitando a algunas personas a abandonar el Ejército, pero eso no tiene nada que ver con el credo de cada uno”, han detallado apuntando hacia los nuevos contratos “de larga duración”, aprobados recientemente por el Gobierno para garantizar una plaza en activo a quienes lo firmen hasta los 40 años y una pensión a partir de entonces.