Díaz cree que el PP y el Gobierno Imbroda "quieren tirar por tierra la política de viviendas del Ejecutivo central

El secretario de Organización ha exigido tanto al Gobierno de Imbroda como al Partido Popular, que “expliquen el porqué se niegan a suscribir con el Ministerio de la Vivienda el contrato de la Sociedad Pública de Alquiler, cuyo coste económico para el Gobierno de la Ciudad es de cero euros”.

Díaz ha explicado “las graves contradicciones políticas en la que están inmersos en el PP, por un lado defiende la continuación de una oficina que ha costado 20 millones de las antiguas pesetas como era la de la SEPIDE con un resultado totalmente negativo, para la ciudad y con cero proyecto viable de inversión y por otro se niega a firmar un convenio cuyo coste para la ciudad es de cero euros”.

El secretario de Organización ha denunciado que “el Gobierno Imbroda y el PP, por intereses partidistas “están intentando tirar por tierra la política de vivienda que el Gobierno socialista tiene diseñada para Melilla”.

Consta de tres actuaciones: el Plan de Vivienda 2005-2008 que beneficiara a 724 familias y una inversión de más de 6 millones de euros. “Un Plan que incrementa los recursos económicos frente al anterior del Gobierno del PP en casi un 40%”.

Un Plan que incrementa en número de familias beneficiadas en un “16%, antes se beneficiaban 625 familias y en este serán 100 familias mas con un total de 724, con ayudas directas a inquilinos para alquiler de viviendas y ayudas a propietarios de viviendas libres que la pongan en alquiler”.

Nademás, está el nuevo Convenio de Vivienda con una inversión de 50 millones de euros y la construcción de 600 nuevas viviendas.

Y, por último, la Sociedad Pública de Alquiler, cuyo fin es la captación de pisos para ponerlos “en alquiler a un precio más barato que en el mercado actual y que garantiza a los propietarios el cobro del alquiler a través de esta Sociedad y que garantiza mejoras en la viviendas. Y esto a la Ciudad Autónoma no le cuesta un solo euro”.

Díaz acusa al Gobierno de Imbroda de “poner en riesgo la construcción de 600 nuevas viviendas y la inversión de 50 millones de euros y la consiguiente creación de puestos de trabajo, porque se niega a que una Sociedad pueda intentar hacerse con un paquete de viviendas para alquilarlas a un precio razonable, que van dirigida fundamentalmente a los jóvenes”.

Por último ha manifestado que “son muchas interrogantes que el PP tiene que aclarar y ha recordado que el actual Convenio de Vivienda finaliza el 31 de diciembre de 2006 y que en el 2007, hay elecciones y tendrán que responder ante los ciudadanos por esta grave dejación de funciones”.