El delegado del Gobierno ordena la retirada del recurso contra el proceso de consolidación de empleo de la Ciudad

El delegado del Gobierno en Melilla, José Fernández Chacón, ha dado orden al Abogado del Estado de retirar el recurso contencioso administrativo que presentó hace unos meses contra las bases del proceso de consolidación de empleo público convocado por el Gobierno local, publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma (BOME), y que, como consecuencia del recurso, se encontraba suspendido cautelarmente por el juez.

La decisión, según ha explicado el delegado, se ha tomado tras el acuerdo alcanzado entre la administración local y la Delegación del Gobierno, y después de que el consejero de Administraciones Públicas, Miguel Marín, remitiera hace tres días un escrito al propio Chacón anunciándole la intención de la Ciudad Autónoma de aceptar las condiciones interpuestas por él como requisitos fundamentales para la retirada del recurso.

Junto a ese escrito, ha explicado Chacón, Marín envió la documentación que demostraba que efectivamente la Ciudad Autónoma había procedido a la modificación de las bases en aquellos aspectos que la Delegación del Gobierno consideraba que estaban incumpliendo el ordenamiento jurídico, como es la eliminación del límite de seis años trabajados para la obtención de puntos por parte de opositores de acceso libre, o la necesidad de que el trabajo memoria fuera expuesto públicamente ante un tribunal para demostrar la autoría del mismo por parte de todos los opositores.

Una vez realizadas las modificaciones, el delegado del Gobierno no ha dudado en ordenar la retirada del recurso contencioso administrativo, al tiempo que ha manifestado su satisfacción por el cumplimiento de “nuestro papel, que era el de velar porque se cumpla la ley, garantizar que todos los opositores tienen la misma oportunidad y favorecer a todos por igual”.

El delegado del Gobierno, asímismo, ha recordado que la presentación del recurso contencioso administrativo se produjo tras las denuncias que se recibieron en la Delegación por parte de ciudadanos y del Grupo Parlamentario de Coalición por Melilla, que consideraba que se estaba vulnerando la legalidad vigente.