El Estado aprueba definitivamente la Ley de la Dependencia, que en Melilla afecta a 1.300 personas

El pleno del Congreso de los Diputados ha aprobado hoy viernes de manera definitiva la nueva Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, algo que, según el presidente del Gobierno central, José Luis Rodríguez Zapatero, supone un “hito histórico”, ya que “estamos ante un proyecto de solidaridad y cohesión intergeneracional con los que más lo necesitan, para aquellas personas que no pueden realizar por sí mismas las actividades básicas de la vida diaria”.

Una vez en vigor, esta nueva Ley tendrá un desarrollo gradual hasta 2015, período en el que, con una aportación de 13.000 millones se empezará a aplicar sobre aquellas personas dependientes en peor situación.

Esta nueva Ley afecta cerca de 1,2 millones de españoles, y a 1.300 melillenses que, o bien se encuentra en situación de dependencia, o bien han de hacerse cargo de personas dependientes, por ello, tal y como ha dicho el líder del Ejecutivo, supone el reconocimiento de un nuevo pilar del Estado del bienestar en el que sustentar la cohesión española.

Con la aprobación de esta Ley, el Gobierno considera que ha puesto ya los cimientos de un mayor bienestar para los ciudadanos españoles, ya que reconoce el derecho de los ciudadanos a ser atendidos por el Estado cuando no puedan valerse por sí mismos como consecuencia de la vejez o de las secuelas de accidentes o enfermedades. Para ello, será necesario que los ciudadanos realicen una aportación en base a sus rentas, aunque también se garantiza que ninguno de los ciudadanos dependientes quedará desatendido.

Entre las medidas que incluye, se encuentra la del derecho de estas personas de recibir atención domiciliaria, teleasistencia, centros de día o residencias. Del mismo modo, existe la posibilidad de que los cuidadores familiares reciban una compensación económica y sean dados de alta en la Seguridad Social.

Según el texto aprobado, el Proyecto de Ley establece que la prioridad en el acceso a los nuevos servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia, así como por la capacidad económica del solicitante, que quedará determinada teniendo en cuenta la renta del mismo.