El Gobierno se defiende y recuerda que la redistribución de inmigrantes fue aprobada por las Cortes en 2002

La secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, ha recordado, ante las críticas vertidas por las Comunidades Autónomas del PP, que la distribución territorial de los inmigrantes fue aprobada por las Cortes en el 2002, y que por lo tanto el Gobierno actual cumple con un mandato parlamentario.

Madrid, Murcia y Valencia, las tres comunidades autónomas gobernadas por el PP a las que se han derivado buena parte de los inmigrantes llegados Canarias de forma ilegal, reclamaron ayer una reunión urgente con el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera.

El presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, aseguró que el ánimo que mueve a los ejecutivos regionales es meramente cooperativo. Se trataría de coordinar la actuación de las distintas administraciones para dar un mejor respuesta a lo que calificó de «drama humanitario».

El Gobierno no ha respondido aún a la petición, pero la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, defendió el «buen resultado» del plan de traslado y aseguró que si ha habido fallos de coordinación se pondrán en marcha todos los mecanismos para corregirlos.

Las comunidades del PP, y también la Generalitat de Cataluña, han hecho público su malestar ante el modo en el que el Ejecutivo está llevando a cabo el envío de inmigrantes a la península. Rumí recordó que el procedimiento se viene aplicando desde el 2005 en cumplimiento de un mandato del Parlamento que instaba al Gobierno a realizar una distribución solidaria de los inmigrantes en todo el territorio nacional.

«Se hace con información, recursos y con una red de acogida; todo ello financiado por el Gobierno de España». La oposición, y el gobierno de Maragall, aseguran sin embargo que en casos recientes los desembarcos organizados por la Administración central se han llevado a cabo «sin previo aviso».

Populares En cualquier caso, Rumí no se mostró muy partidaria de atender la petición de los populares. Para empezar, porque recela de sus intenciones. El hecho de que hayan protestado porque en el último año el Gobierno ha trasladado la mayor parte de los inmigrantes indocumentados a sus feudos -la Comunidad de Madrid asegura que recibe al 65%- inclinó ayer a la secretaria de Estado a pensar que su único deseo es «volver a utilizar la inmigración desde un punto de vista partidista».

Así, aseguró que las autonomías ya participan del proceso a través de dos órganos creados ad hoc: la comisión mixta de traslado, en la que participan el Ministerio de Trabajo, las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, y la Conferencia Gestorial de Inmigración.

La propuesta del PP, no obstante, no se limitaría, según el vicepresidente del Consell valenciano, Víctor Campos, a un encuentro con Caldera. Según Campos, la Generalitat valenciana está «plenamente comprometida con la atención e integración de los inmigrantes» pero su deseo es «atender a estas personas con la dignidad que se merecen».

Para ello, señaló, hay que «poner coto» porque «sólo así podremos garantizar servicios sanitarios, educativos, laborales y sociales dignos a quien llegue a nuestra comunidad a labrarse un futuro». También CiU se mostró partidaria de tomar medidas que «permitan encauzar el grave problema de la inmigración».