El Ministerio de Justicia presenta en Melilla la nueva Oficina Judicial

El Ministerio de Justicia ha presentado hoy jueves 12 de enero la nueva Oficina Judicial en Melilla, ubicada en las Torres V Centenario. Así, en una reunión con miembros de los distintos estamentos políticos, jurídicos y sindicales de la Ciudad Autónoma, se ha expuesto la organización de los 12 órganos jurisdiccionales seleccionados para la experiencia piloto, que entrará en funcionamiento en octubre.

Durante el encuentro, los representantes del Ministerio de Justicia han detallado, entre otros asuntos, los medios personales, obras de acondicionamiento, coordinación territorial y nuevas tecnologías necesarias para la puesta en marcha de este proyecto que será decisivo para lograr agilizar la Justicia y a dar una respuesta más rápida al ciudadano.

La presentación en Melilla se enmarca dentro de la primera fase del plan de implantación, que engloba a once ciudades españolas (Avilés, Burgos, Cáceres, Ceuta, Ciudad Real, Logroño, Melilla, Murcia, Palma de Mallorca, Santander y Zaragoza).

El Ministerio de Justicia, además del diseño de la Oficina Judicial en cada una de las ciudades seleccionadas, ha puesto en marcha todos los elementos necesarios para que el proyecto se haga realidad. Así, ya se han aprobado los Reglamentos que desarrollan la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ); se ha enviado al Congreso la reforma de 21 leyes de procedimiento y se ha publicado en el BOE el Plan de Transparencia Judicial, así como la Orden Ministerial reguladora de la dotación básica de las unidades procesales de apoyo directo a los jueces y magistrados. Todas estas “piezas” asegurarán la puesta en funcionamiento de la Oficina Judicial.

Asistentes

A la reunión de hoy en Melilla han asistido Cristina Thomas, subdirectora de Nuevas Tecnologías de la Justicia; Francisco Cabo, asesor del Ministerio; José Luis Domínguez, jefe de área del personal funcionario; José Ignacio Moret Martín, de la Subdirección General de Obras y Patrimonio; Alfredo Melero, de Coordinación Territorial y María Pilar Rodríguez Fernández, fiscal de la Unidad de Apoyo.

Representando a la Ciudad Autónoma de Melilla han estado presentes: Mariano Santos Peñalver, presidente en funciones de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Málaga con sede permanente en Melilla; María Dolores Artés Payán, fiscal coordinadora del Destacamento de Fiscalía de Málaga en Melilla.

Asimismo, han acudido Silvestre Martínez García, magistrado-juez decano en funciones; Ramón Carlos Jiménez León, magistrado-juez decano electo; Clara Peinado Herreros, secretaria de gobierno en funciones de los Juzgados y Tribunales; Blas Jesús Imbroda Ortiz, decano del Colegio de Abogados; Concepción Suárez Morán, decana del Colegio de Procuradores, así como representantes sindicales.

Criterios

Para el despliegue de las experiencias piloto en 2006 se han estudiado diferentes escenarios y, finalmente, se ha seleccionado un partido judicial por cada Comunidad Autónoma de las que integran todavía el ámbito de competencias del Ministerio de Justicia (Aragón, Asturias, Baleares, Cantabria, Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y La Rioja), así como las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. De esta forma, podrá evaluarse el proceso de implantación tanto en grandes ciudades, como en otras medianas y pequeñas.

El Plan para la implantación de la nueva Oficina Judicial es fruto de un intenso trabajo en el que se ha buscado el consenso con los estamentos implicados. Un objetivo primordial del proyecto es la reestructuración de los medios que rodean al juez (personales, materiales y tecnológicos), con el fin de modernizar y agilizar la Justicia, desterrando definitivamente el formato papel de los juzgados.

Con su puesta en marcha, todos los actores de la Administración de Justicia saldrán beneficiados: el juez, porque podrá dedicarse a su función esencial de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado; el secretario judicial, que se convierte en piedra angular de la reforma y que desarrollará todo su potencial de formación; el resto de cuerpos, porque se abren nuevas expectativas de trabajo para ellos; los abogados y procuradores, que se beneficiarán de una relación adaptada a los nuevos tiempos en la que podrán comunicarse telemáticamente con los juzgados, y finalmente, los ciudadanos, que, en última instancia, podrán comprobar como, gracias a todo este conjunto de medidas, el juez dicta un mayor número de sentencias y se reducen los tiempos para obtener una respuesta judicial.

Supone el cumplimiento de una reforma acordada y plasmada en la Ley Orgánica de Poder Judicial de 2003, y en cuyo desarrollo se ha empleado este Ejecutivo desde el comienzo de la actual Legislatura. Su puesta en marcha supondrá un coste aproximado de unos 100 millones de euros.