El Partido Popular rechaza la oferta de pacto de inmigración propuesta por el Gobierno ZP

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Eduardo Zaplana, ha manifestado su rechazo a la oferta de pacto en materia de inmigración realizada por el Ejecutivo al entender que se trata de una "cortina de humo". Además, rechaza ser "cómplice de los errores del Gobierno" con la firma de este acuerdo.

Los populares creen que las fronteras de España "necesitan medidas", entre las que citó Canarias, el Estrecho de Gibraltar, Ceuta, Melilla, costas de Almería y Granada, los aeropuertos y pasos por los Pirineos. "Se necesitan medidas, no solo reunirse con los partidos, medidas concretas más allá de la filosofía o la literatura para impedir que cada día sea mayor el problema", matiza Zaplana.

Tras reunirse con la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, en un encuentro que calificó de "amable", Zaplana ha advertido de que "un pacto sólo es creíble si el Gobierno que lo ofrece está dispuesto a cumplir con su obligación".

El PP tiene "dudas razonables" sobre ello y se muestra contrario a la constituir una subcomisión para abordar este asunto, entre otras cosas, porque "suelen ser secretas". Zaplana ironiza sobre las propuestas del Ejecutivo que, a su modo de ver, "quiere pasar del 'papeles para todos' al 'todos somos culpables'.

Los 'populares' creen que el Gobierno debe cumplir con el deber de "frenar la oleada permanente" de inmigrantes que llegan a las costas españolas y que lo más urgente para España es "tomar medidas para cortar de raíz el efecto llamada" provocado con el último proceso de regularización.

Zaplana mantiene que se ha de recuperar la credibilidad en el seno de la UE porque "hoy está bajo mínimos" y las medidas de su partido ayudarían a recuperarla para que los socios comunitarios no pongan a España "como ejemplo negativo", ni se la critique en declaraciones de líderes europeos y cumbres de la Unión.

Este dirigente del PP reclama que se reconozca "la verdadera magnitud del drama humano que nos afecta" y exigen un esfuerzo presupuestario porque, en la actualidad, las comunidades atienden a esta situación "con más recursos que el Gobierno central".