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El PP apuesta por el aumento del ahorro, la mejora de la competitividad exterior y el descenso de los impuestos

Según las conclusiones de la reciente Convención Nacional

Publicada en MeliYa el 27 de marzo de 2006

Salvador Ramírez

El Partido Popular, tras la celebración de la última Convención Nacional, cree que la fiscalidad en España tiene que perseguir tres objetivos: el aumento del ahorro, la mejora de la competitividad y la disminución de impuestos, según informa el secretario ejecutivo de Desarrollo Económico, José Luis Almazán.

España es , según Almazán, el segundo país en el mundo en cuanto a déficit exterior, es decir que las importaciones superan ampliamente las exportaciones. En consecuencia, sus bienes y servicios carecen de competitividad.

Para corregir esta realidad el PP propone una disminución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, mayores deducciones por hijos para las mujeres trabajadoras, un descenso de los porcentajes del Impuesto Sobre Sociedades que, para un nuevo concepto más amplio de las pequeñas y medianas empresas, se situaría en el 20 por ciento en lugar del 35 por ciento actual y un tratamiento distinto para la tributación indirecta y los impuestos con fines medioambientales.

En cuanto al ahorro, Almazán cree que el endeudamiento, tanto familiar como empresarial, es excesivo. La actual política comunitaria de tipos bajos de interés sólo trata de que el motor principal de la economía europea, Alemania, arranque, aunque con dudosos resultados, por ello cree que es necesario fomentar el ahorro.

Todas las medidas contempladas en la Convención Nacional del Partido Popular tratan de relanzar el crecimiento económico y el secretario ejecutivo de Desarrollo Económico cree que podrían convertirse en la creación de 129.000 nuevos puestos de trabajo, el aumento de la actividad económica en un 0,3 por ciento y el incremento de la productividad en un dos por ciento.

José Luis Alamazán ha tenido palabras críticas para con la opa de Endesa. La intervención del Estado en esta macro-operación le supone a España una pérdida de credibilidad ante sus socios comunitarios por cuanto resulta incoherente propugnar políticas de libre mercado y practicar, paralelamente, el intervencionismo estatal en las empresas.