El PP asegura que el Estatuto del Empleado Público aumentará las diferencias entre funcionarios y dificultará su movilidad

La Secretaria Regional del Partido Popular de Melilla, Mª Carmen Dueñas, ha asegurado que el próximo Estatuto Básico del Empleado Público aumentará las diferencias entre funcionarios, ya que, según ha explicado, dificulta la movilidad y abre las puertas a la discrecionalidad política en el acceso y en el cese en el puesto de trabajo.

Este estatuto constituye, a juicio de Dueñas, “una regulación de mínimos”, ya que no fija unas reglas generales que permitan un régimen similar de los funcionarios de todas las Administraciones Públicas en temas como la fijación de las tareas que puede hacer el personal laboral y el personal funcionario, el régimen jurídico del personal directivo, la ordenación de funcionarios, la movilidad entre Administraciones, el sistema retributivo, la ampliación de las situaciones administrativas o la carrera profesional.

El Estatuto además, recuerda, “laboraliza el régimen de la función pública en España”, con lo que todo el personal, tanto funcionario como laboral, será empleado público. Ademñas, asegura que “no se aclaran los puestos de trabajo que pueden ser desempeñados por uno u otro nivel, tal y como estableció el Tribunal Constitucional. Asimismo, se olvida de colectivos tan importantes como el docente y el sanitario”.

La dirigente popular también lamenta que dicho estatuto no se aplicará íntegramente en Cataluña, ya que ello “ahondará en las diferencias entre funcionarios en cuestiones tan esenciales como el sueldo, la clasificación profesional o la carrera”.

Del mismo modo, según Dueñas, este Estatuto “consagra la entrevista como mecanismo de selección para el acceso a la función pública por lo que abre la vía a designaciones a dedo. Esto supone un acceso discrecional y no basado en el mérito y la capacidad”.

La popular recuerda además que, en base a este nuevo estatuto, “los funcionarios locales se quedan sin régimen propio”, ya que “atenta contra la autonomía local, pues su personal será discriminado dependiendo de la Comunidad Autónoma en la que esté ubicada”. Por todo ello, el Partido Popular recuerda que en 1999, con Mariano Rajoy como Ministro de Administraciones Públicas, se pactó un estatuto de la función pública con el PSOE y con otros grupos parlamentarios, con las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y los sindicatos. De hecho, recuerda, fue José Luis Rodríguez Zapatero quien negoció el acuerdo en nombre del PSOE, sin embargo, “su partido no mantuvo el acuerdo hasta el final”.

Por último, Dueñas ha manifestado qie el Partido Socialista, “una vez más, no ha logrado el consenso de todos los sindicatos, ni de todas las Comunidades Autónomas, ni el apoyo de la FEMP. Tampoco ha buscado el acuerdo con el PP que le propuso iniciar un diálogo sobre la base del texto ya pactado en 1999, lo que demuestra que, de nuevo, se legisla de espaldas al interés general.”