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El PSOE recuerda a Imbroda que las compañías interesadas en la línea marítima de Melilla deberán dirigirse al Ministerio de Fomento
Gabriel Jiménez recuerda que "la Ciudad no tiene nada que decidir, afortunadamente, en este asunto”
Publicada en MeliYa el 7 de febrero de 2006
El responsable de Transporte de la Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Melilla, Gabriel Jiménez, ha recordado al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, que aquellas compañías que quieran participar en el concurso público de navegación marítima tendrán que dirigirse al Ministerio de Fomento en el momento oportuno, ya que “el Gobierno de la Ciudad no tiene nada que decidir, afortunadamente, en este asunto”. El socialista ha efectuado estas declaraciones después de que Imbroda anunciara que la compañía “Balearia” se ha puesto en contacto con él para manifestarle su interés por concurrir al concurso.
Jiménez, que ha asegurado que hace ya unos meses que el PSOE anunció que iba a trabajar duro para conseguir que fueran varias las compañías marítimas que concurrieran al próximo concurso, ha recordado al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan José Imbroda, que ya en el añ0 2000 tuvo la oportunidad introducir mejoras en el transporte marítimo, sin embargo, “tanto el PP de Melilla como Imbroda dejaron a un lado los intereses de los melillenses y beneficiaron descaradamente a la empresa”.
Gabriel Jiménez ha recordado además que como consecuencia del contrato “leonino” firmado en el año 2000 “a favor de los intereses de Transmediterránea y en contra de los intereses generales de los ciudadanos”, los ciudadanos de Melilla “venimos sufriendo un maltrato generalizado” cuyos responsables, ha dicho, son el Gobierno de Aznar, el PP de Melilla y Juan José Imbroda “que se calló ante el vergonzoso contrato marítimo, firmado entonces en contra de los ciudadanos de Melilla”.
Ahora, con la inminente puesta en marcha de un nuevo concurso público, el responsable socialista se congratula de que ni el PP ni Imbroda tengan nada que ver en él, sino que depende del Gobierno central el dar un vuelco a las decisiones anteriomente adoptada por el PP.