Fernández Chacón da respuesta a las críticas de Imbroda apelando al principio de legalidad

El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, se ha decidido por la respuesta puntual a las críticas que, con inusitada frecuencia, recibe de la Ciudad Autónoma. No parece resignado a ofrecer silencio ante unas imputaciones que, según su versión, son infundadas.

El culebrón de la Ensenada de los Galápagos parecía extinto pero Fernández Chacón ha querido ofrecer la última puntualización: “la Delegación del Gobierno jamás cerro la playa, fue Costas y por lógicos y legales criterios de prudencia. Se registraron desprendimientos de cascotes, se redactó un proyecto para dotar a la zona de seguridad y se ha terminada, que se dejen de milongas”.

Apostilla el delegado del Gobierno: “no voy a permitir que se eludan principios de legalidad y se ha actuado conforme a ley, que no piensen que voy a comulgar con ruedas de molino”.

Le salpica la polémica del renombrado campo de golf. ¿Obstaculiza o suspende la Administración central las obras de construcción del green?. Ocurre, explica Chacón, que la superficie “invadida” para la construcción del citado campo integra a una carretera nacional, o sea, dominio público.

Para soslayar el obstáculo y comunicar ambas áreas es preciso realizar un túnel. “Lo mismo; no nos oponemos al campo de golf, pero si hay una carretera de dominio público, hay que respetarla ¿o ponemos un paso de peatones en una carretera nacional?. Hay que construir un túnel. Lo curioso es que, pese a las críticas, la Ciudad Autónoma ya ha pedido el permiso para hacer el túnel”, esclarece el representante del Ejecutivo.

A preguntas de los periodistas, José Fernández Chacón abordar otro tema que ha suscitado polémica, pero no por parte del Partido Popular o de Juan José Imbroda, sino de la mano de Coalición por Melilla: el proceso de consolidación de plazas en la Ciudad Autónoma.

El partido que preside Mustafa Aberchán sugiere que la controversia jurídica suscitada en base a las citadas plazas ha sido superada por un pacto entre Ciudad Autónoma y Delegación del Gobierno: “no hay pacto alguno. En su día se ordenó la suspensión del proceso de consolidación por no estar conforma a ley, luego los servicios jurídicos de la Ciudad Autónoma contactaron con los correspondientes de la Administración Central para buscar una solución. Hasta que no se modifiquen las primeras bases, no retiraremos el contencioso, que sigue en curso, por cierto”.

“No hay pacto alguno”, insiste el delegado del Gobierno, quien se reafirma en un hecho incuestionable: “el principio de legalidad ha de cumplirse. De eso está encargado el Gobierno central y yo soy el representante del Gobierno en Melilla, de manera que se convierte en obligación ineludible”.