Guelaya recuerda la entrada en vigor de la Ley 27/2006, que le permite presentarse como acción popular en actos imputables a las autoridades medioambientales

Gualaya-Ecologitas en Acción han informado sobre la entrada en vigor hoy miércoles de la Ley 27/2006 por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

Esta ley, aseguran los ecologistas, incorpora tanto el convenio de Aarhus como dos directivas europeas, y democratiza la política en material medioambiental haciendo participar a los ciudadanos en las decisiones ambientales.

En este sentido, Guelaya ha recordado que son tres los pilares fundamentales sobre los que se sustenta importante ley. Por un lado, el acceso a toda información ambiental que posean las administraciones públicas, que estarán obligadas a facilitar toda la información ambiental que soliciten los ciudadanos en el plazo de un mes, y además las administraciones competentes en materia ambiental, aseguran, tendrán que publicar esos datos de forma habitual y transparente.

Por otro lado las administraciones medioambientales tendrán que dar participación a asociaciones como Guelaya en el proceso de toma de decisiones, especialmente en las autorizaciones de determinadas actividades, como la aprobación de planes y programas, y en la elaboración de disposiciones normativas como pueden ser las ordenanzas medioambientales.

El tercer pilar que desarrolla esta ley, aseguran los ecologistas melillenses, es el derecho al acceso a la justicia, que a partir de ahora será gratuita para los incumplimientos de los derechos de información y participación.

En este sentido, la asociación Guelaya-Ecologistas en Acción asegura que a partir de ahora podrá presentarse en la Ciudad de Melilla como acción popular en todos aquellos actos imputables u omisiones imputables a las autoridades medioambientales que vulneren cualquier normativa ambiental.

Por todo ello, los ecologistas melillenses consideran que la puesta en marcha de esta ley supone una “buena noticia”, ya que democratiza las decisiones ambientales y crea las herramientas jurídicas necesarias para que se pueda denunciar su incumplimiento.