Guelaya se desmarca de las autoridades españolas y denuncia las irregularidades melillenses en la Unión Europea

La Asociación Guelaya-Ecologistas en Acción quiere anunciar públicamente su intención de denunciar en la Comisión Europea todas las actuaciones que están siendo ejecutadas en la zona norte del litoral melillense tanto por por parte de la Ciudad Autónoma de Melilla como por parte de la Administración del Estado y que están deteriorando irreversiblemente los acantilados de toda aquella zona.

Ambas administraciones están actuando sobre una superficie que incluye una franja de litoral y fondos marinos que ha sido solicitada a la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario. Además todas las actuaciones que se están realizando en esta zona, se estan ejecutando sin cumplir la directiva comunitaria de Declaración de Impacto Ambiental.

Los proyectos ejecutados en la zona son: la Desaladora, la pista de acceso al perímetro fronterizo y el ensanchamiento de la carretera de Aguadú. Estos tres proyectos carecen del procedimiento de Declaración de Impacto Ambiental y además están siendo ejecutadas o bien dentro de la zona solicitada como Lugar de Interés Comunitario, o bien en su zona de influencia.

La asociación por tanto presentará oficialmente una queja ante la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea en Bruselas por incumplir taxativamente dos de sus principales normativas: las de la Red Natura 2000 y las de Declaración de Impacto Ambiental.

Independientemente de esta denuncia la asociación realizará informes pertinentes sobre esa zona, con un dossier fotográfico para enviársela tanto al Ministerio de Medio Ambiente como para publicarlo en ediciones a nivel estatal y europeo.

También la asociación quiere salir al paso de las inoportunas declaraciones del consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán. “No entendemos como el máximo representante de la defensa del patrimonio natural de Melilla intenta depositar en manos de nuestra asociación la responsabilidad que debería estar ejerciendo él”.

“No sabemos que normativa o en que reunión de traspaso de funciones, nos ha correspondido a nosotros la competencia de la vigilancia ambiental. Nuestra asociación no es una administración pública, y como asociación privada realiza ejercicio de derechos y no de obligaciones. No tenemos obligación alguna ante ninguna institución pública ni ciudadano, nuestras únicas obligaciones son ante nuestros socios”.

“Tenemos la certeza que desde la Consejería de Medio Ambiente están intentando politizar nuestra labor, pero ellos saben perfectamente que nuestra asociación jamás se ha plegado a intereses de ningún partido ni de ninguna administración y siempre ha mantenido su independencia en el ejercicio de sus actividades o denuncias. A partir de ahora nuestra asociación realizará una política de tolerancia cero hacia las irregularidades cometidas en las zonas solicitadas como Lugar de Interés Comunitario y en el litoral de nuestra ciudad, y eso vale tanto para la administración local como para la del Estado y para cualquiera que cometa irregularidades”, señala la organización ecologista melillense.