Ingresan en prisión los promotores del portal informático "melilladirecto.com"

Juan Manuel C. y “Luisa” A.L.D., promotores de “melilladirecto.com”, han ingresado en el Centro Penitenciario Provincial de Melilla, como consecuencia del contenido de un auto judicial procedente de la Comunidad Valenciana, para cumplir la condena impuesta por la comisión de un delito de estafa continuada en el que estaban imputados.

En cualquier caso, la situación penitenciaria de ambos promotores informáticos es eventual por cuanto siguen a disposición de los juzgados valencianos que dictaron en su día la orden de búsqueda y captura, circunstancia que hace no descartar su traslado a otro penal español.

Tras la detención, practicada por los funcionarios de la Brigada de Policía Policial de la Jefatura Superior de Policía de Melilla, ambos empresarios pasaron una noche en los calabozos policiales antes de ser conducidos a la prisión melillense.

Mientras que Juan M.C. permanece en el módulo de ingresos hasta su destino al de penados de la cárcel melillense, “Luisa” A.L.D. ha sido conducida al módulo de mujeres.

El jueves, 3 de agosto, ambos pasarán reconocimiento médico y psicológico previo a su asignación definitiva en el centro penitenciario.

Sobre ambos penados pesa una condena en firme de un juzgado de Valencia que les condena a 18 meses de prisión por un delito de “estafa continuada” llevado a cabo en una empresa dedicada a la impartición de cursos de formación de secretariado.

Juan M.C. Y “Luisa” A.L. tienen, asimismo, causas pendientes en otras magistraturas judiciales de la Comunidad Valenciana en las que los fiscales piden “años” de prisión para ambos, según ha podido saber MeliYa.com, de fuentes judiciales.

En Melilla, los promotores de “melilladirecto.com” cuentan con varias reclamaciones de pago realizadas por empresas del sector de agencias de viajes e informática, al margen de los propios trabajadores de la empresa.

Tras la detención de ambos, sus páginas informáticas -”melilladirecto.com” y “sogemel.com”- así como las contratadas por instituciones públicas y empresas privadas, siguen sin dar servicio a sus usuarios informáticos.