Local · Pleno de control

La Asamblea celebra un primer Pleno de Control de 2006 no exento de polémica

Algunas de las preguntas formuladas por la oposición han provocado graves enfrentamientos con el Gobierno local

Publicada en MeliYa el 30 de enero de 2006

Carmen Gaona Sáez

Pasadas las 10 horas de esta mañana de lunes, la Asamblea de Melilla ha dado inicio al que ha sido el primero Pleno de Control de este año, una sesión presidida por Cristina Rivas y en la que los dos grupos de la oposición, Coalición por Melilla y Partido Socialista, han tenido la oportunidad de formular numerosas preguntas a los miembros del Ejecutivo local, relacionadas todas ellas con asuntos de interés general.

Así, una vez debatidas las tres interpelaciones presentadas por los dos grupos, dos de CpM, sobre los convenios con los medios de comunicación y el incumplimiento del Reglamento por parte del Gobierno, y una de PSOE también sobre los convenios con los medios de comunicación, se ha dado paso al turno de preguntas presentadas por el grupo socialista. Así, y hasta un total de ocho, los socialistas han obtenido respuestas más o menos satisfactorias a sus preguntas y han podido conocer, por ejemplo, que el tipo de contrato del director de la Escuela de la Policía Local, Diego Giner, es un contrato de consultoría y asistencia, que el área de Bienestar Social ha dado ayudas en 2005 a un total de 59 enfermos y acompañantes para que puedan trasladarse hasta la península, o que la Consejería de Medio Ambiente tiene previsto insistir en el cumplimiento del contrato actual que tiene la empresa del servicio de limpieza para que la ciudad aparezca más limpia.

Al margen de esto, el Partido Socialista ha pedido al Gobierno local, a través de una de sus preguntas, que explique si ha tenido en cuenta las opiniones de los vecinos de la Explanada de San Lorenzo a la hora de decidir la nueva ubicación de la Feria, una cuestión ante la que el consejero de Medio Ambiente, Ramón Gavilán, ha dejado claro que al Ejectivo de Juan José Imbroda “le importa mucho la opinión de los vecinos”, por lo que no ha dudado en mantener las pertinentes reuniones con sus representantes, e incluso darles la oportunidad de aportar ideas a los posibles problemas que puedan surgir.

Otra de las preguntas formuladas por los socialistas ha estado centrada en la intención del Gobierno local de reponer los parques infantiles en las barriadas de Las Palmeras y en el Monte María Cristina, unos parques que han sufrido numerosos desperfectos en los últimos tiempos y respecto a los cuales, según ha explicado la socialista Celia Sarompas, Ramón Gavilán “aseguró en una ocasión que su reposición sería una pérdida de tiempo y dinero”.

A este respecto, Gavilán, que ha acusado a Sarompas de intentar realizar una perversión política y crear confusión, ha recordado que en tan sólo un año han sido ya varias las veces que se han repuesto estos parques infantiles con dinero de todos los melillenses, “a los que no creo que les haga gracia que pongan parques con su dinero donde no los quieren”.

Una de las preguntas socialistas que quizá haya levantado más polémica ha sido la referente a la reciente reubicación de la estatua de Franco en una nueva zona de la Ciudad, una actuación que Sarompas ha pedido al presidente que explique si se trata de una de las cien actuaciones urbanísticas que tanto está anunciando en los últimos meses, y si piensa retirarla de la vía pública alguna vez.

A este respecto, el consejero de Fomento, Rafael Marín, que ha asegurado que no se trata de una de esas cien actuaciones, ha calificado de “patética” la pregunta formulada por los socialistas, ya que “son ustedes los que mantienen a Franco en la memoria”. Además, les ha recordado que durante todo el tiempo en el que el PSOE ostentó el Gobierno no hizo nada por retirar la estatua, por lo que “perdieron una ocasión de oro”.

No exenta de polémica ha estado la pregunta de los socialistas relacionada con el viaje que el viceconsejero de Medio Ambiente, Guillermo Merino, realizó a Madrid, en opinión del PSOE durante 15 días y con dinero público, y “según él invitado por una de las empresas participantes en el Congreso de Parques y Jardines”.

Así, ante la insistencia de Sarompas de que el Gobierno justifique este hecho, el Ejecutivo ha decidido remitir la respuesta por escrito, lo que ha levantado un enfrentamiento entre Gobierno y PSOE que ha acabado con una llamada al orden a los portavoces de los tres grupos por parte de la presidenta de la sesión.

Preguntas de CpM

Una vez concluido el turno de preguntas de los socialistas, y con el ambiente ya bastante caldeado, ha comenzado el ciclo de los cepemistas, que han comenzado sus preguntas con una relacionada con la subvención del Gobierno al libro “Historia de Melilla”, una obra que CpM considera no merecedora de la ayuda pública al creer que está incompleta y que posee grandes carencias, así como al tildar a la comunidad musulmana de alborotadora y obviar en buena parte, aseguran, los sucesos de 1985.

En este sentido, la consejera de Cultura, Simi Chocrón, ha dejado claro que la Ciudad Autónoma no considera que se trate de una obra incompleta, sino que, muy al contrario, es un libro que refleja por primera vez la revolución social que se produjo en el 1985 y las repercusiones que tuvo para Melilla.

Los cepemistas han querido saber también cuál es el miedo que tiene el Gobierno para no estar de acuerdo con la celebración de debates públicos entre partidos políticos, algo a lo que diputado Daniel Conesa ha respondido asegurando que, desde el punto de vista del Ejecutivo local, el único lugar en el que deben hacerse debates políticos es en la cámara parlamentaria, no en los medios de comunicación.

La oportunidad o no de dedicar dinero público a la imagen “del Gobierno local y de su presidente” a pesar del alto índice de pobreza que soporta Melilla, ha sido otra de las cuestiones formuladas por CpM y que, sin lugar a dudas, ha provocado uno de los enfrentamientos más duros de la sesión, ya que cuando el portavoz del grupo popular, Abdelmalik El Barkani, aseguraba que el dinero presupuestado se invertiría en mejorar la imagen de la ciudad fuera de sus límites, el diputado cepemista, Mustafa Aberchán, ha hecho referencia también a “la imagen de Tejero”, un comentario que ha provocado el enfado de El Barkani quien, por su parte, no ha dudado en tildar a Aberchán de “antidemócrata”.

También los altos índices de paro que soporta actualmente Melilla, han centrado una de las preguntas formuladas por CpM, que ha pedido al Gobierno que explique por qué, a pesar de los importantes fondos económicos recibidos, no ha tomado aún medidas para paliar el problema. En este sentido, Daniel Conesa ha querido dejar claro que, aunque las competencias en políticas activas de empleo no son de la Ciudad Autónoma, ésta lleva a la práctica cada año numerosas actuaciones encaminadas a fomentar el empleo y combatir las altas cifras de desempleo, y todo ello, ha dicho, en colaboración con el Servicio de Empleo Estatal.

Otra pregunta polémica ha sido la referida a la intención del Gobierno local de solicitar al Ejecutivo central la devolución de las competencias de Urbanismo que le fueron retiradas a la Ciudad Autónoma en el año 1999 y que, a pesar del tiempo transcurrido, no se habían solicitado hasta ahora. Ante esta pregunta, Rafael Marín ha asegurado que estas competencias se vienen solicitando desde el año 2003.

Y como no podía ser de otra forma, el polémico asunto del sargento Castro ha salido de nuevo a relucir en esta sesión plenaria. En esta ocasión, CpM ha pedido al Gobierno que explique por qué el asunto de la separación del servicio que venía prestando en la Policía Local como consecuencia de una condena por abuso sexual a la que ha sido sometido, pasó por la Comisión de Administraciones Públicas “vulnerando así el reglamento del Consejo de Gobierno”.

En este sentido, el diputado y consejero del área, Miguel Marín, ha dejado claro que al tratarse de la primera vez que se separa del servicio a un funcionario de la Ciudad Autónoma, el asunto retoma una mayor gravedad e importancia, motivo éste por el que el Gobierno local decidió tratarlo en Comisión. A pesar de ello, Marín ha desmentido que se haya incurrido en incumpliento de reglamento alguno.