La Ley de Dependencia desata la polémica entre el diputado Gutiérrez Molina y la Delegación del Gobierno

La polémica se ha desatado entre el diputado a Cortes por Melilla, Antonio Gutiérrez Molina, y la Delegación del Gobierno, con un telón de fondo: la conocida como Ley de Dependencia. Aspectos como la financiación, la ausencia de consenso y la introducción del concepto de derecho de ciudadanía preocupan al diputado del Partido Popular.

La Delegación del Gobierno no ha tardado en salir al paso de los temores de Gutiérrez Molina. En materia de financiación, la representación del Ejecutivo señala que el “Gobierno garantiza que ningún beneficiario se quedará sin recibir atención por falta de recursos, el Gobierno asegura la financiación del contenido básico del derecho con carácter permanente”.

Para más datos, la institución que dirige José Fernández Chacón aclara que la Administración general del Estado aportará más de 12.383 millones de euros hasta 2015 para garantizar las prestaciones y servicios del Sistema Nacional de Dependencia”.

Respecto a la falta de diálogo y consenso, “máxime en una ley de tanta importancia”, según palabras del diputado Gutiérrez, la Delegación del Gobierno señala que “el anteproyecto de ley se ha elaborado tras la negociación con los agentes sociales con los que se ha suscrito el documento 'Acuerdo sobre la acción protectora de la atención a los sistemas de dependencia', además de haberse consultado a las organizaciones más representativas entre los discapacitados(...) es decir, estamos ante un anteproyecto que busca el mayor consenso posible a través del diálogo con los agentes sociales y las administrativas públicas”.

Respecto a que la propuesta del Gobierno esté “viciada de origen”, que argumentaba el parlamentario de Melilla, la Delegación del Gobierno manifiesta “que la futura ley nace de la obligación del Estado de ofrecer una protección de las situaciones de dependencia y responde a la caracterización de nuestro modelo de Estado Social”.