Los jóvenes necesitan dos sueldos para comprar una vivienda nueva, según Comisiones Obreras

El elevado precio de compra y alquiler se ha convertido en demasiadas ocasiones en una barrera infranqueable para muchas personas, con efectos negativos especialmente visibles para los jóvenes y las personas con menores ingresos, entre los cuales se incluye el numeroso colectivo de inmigrantes.

En las grandes ciudades, para desarrollar una vida normal y pagar una vivienda es preciso disponer de dos salarios, con independencia de la fórmula de acceso utilizada, informa Comisiones Obreras.

La responsable de Política Social de CC.OO., Pura García, recuerda cómo los trabajadores han visto aumentado el esfuerzo exigido sobre su salario neto.

El precio medio para el conjunto del estado de una vivienda de 70 m2 ha pasado de 2,6 a 6,3 veces el salario anual en el periodo delimitado por 1987 y 2004. CC.OO. cree que el esfuerzo realizado por los trabajadores sobre su salario neto ha llegado a niveles no justificados y difícilmente sostenibles a medio plazo.

La compra de una vivienda con el precio medio para el conjunto del país exige destinar un mínimo del 55% de su salario neto si se concierta un préstamo hipotecario a veinte años; un esfuerzo ampliado hasta el 67% del salario neto cuando la compra se realiza en una gran ciudad.

Tipo de interés Conviene recordar que cada punto de subida del tipo de interés incrementa un 11% la cuota mensual, un porcentaje nada despreciable cuando el esfuerzo exigido es tan elevado como el actual y el endeudamiento ha llegado a un nivel tan preocupante.

En la búsqueda de un modelo en el que la vivienda en propiedad tenga un protagonismo inferior al actual, se propone configurar un amplio parque de viviendas en régimen de alquiler con precios inferiores a los actuales para los inquilinos; fomentar como fórmula complementaria la construcción de Viviendas de Protección Oficial; creación de un observatorio inmobiliario con participación de todas las partes implicadas; modificación de la política fiscal en materia de vivienda, iniciando un progresivo traspaso hacia el gasto público directo de una parte del actual gasto en deducciones existentes en el IRPF; limitar las deducciones fiscales de los Fondos de Inversión Inmobiliarios tan sólo a las operaciones dedicadas a la construcción y gestión de viviendas en alquiler; mejorar el uso del suelo evitando la especulación; considerar el conjunto del territorio como no urbanizable; potenciar las cesiones de suelo a los ayuntamientos; y coordinar las actuaciones de las distintas Administraciones alrededor de una política de vivienda de carácter global e integrador.