Los Ministerios de Justicia e Interior firman un convenio para que guardias civiles en reserva vigilen edificios judiciales y fiscales

Los ministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, y el de Interior, José Antonio Alonso, han firmado un convenio marco de colaboración mediante el que se regula la participación de miembros del Cuerpo de la Guardia Civil en situación de reserva, en labores de vigilancia y protección de los edificios e instalaciones judiciales y fiscales dependientes del Ministerio de Justicia, en un servicio que entrará en funcionamiento a partir del mes de mayo.

En base a este acuerdo, la Dirección General de la Guardia Civil constituirá en cada Comandancia donde existan sedes judiciales y fiscales que dependan de Justicia, una unidad integrada por personal en situación de reserva, con independencia orgánica y funcional. Estas unidades estarán integradas por oficiales, suboficiales, cabos y guardias en situación de reserva que voluntariamente lo soliciten, mientras que la Dirección General de la Guardia Civil será la encargada de seleccionar al personal más idóneo que cumpla con las condiciones requeridas para cada puesto.

Presupuesto

Garantizar la seguridad en las sedes judiciales es un objetivo fundamental para el Ministerio de Justicia, tal y como se refleja en los dos últimos presupuestos anuales. Así, en 2005, se produjo un importante incremento presupuestario, destinándose 8.715.310 euros, un 150% más que en 2004, y para este año 2006 el presupuesto ha experimentado un nuevo aumento del 8,3 % respecto de 2005, con lo que alcanza los 9.439.660 euros.

En base a rste convenio, el Ministerio de Justicia se compromete a proporcionar la información necesaria relativa a los edificios e instalaciones, así como a facilitar los medios e instalaciones necesarias para el desarrollo de los cometidos. Mientras, será la comisión mixta de Seguimiento la que analice y determine las peticiones de dichos medios, que siempre estarán sujetas a las disponibilidades presupuestarias.

El seguimiento de la aplicación del convenio será llevado a cabo por una comisión que se reunirá una vez al año y que erstará integrada por cuatro representantes de cada una de las partes, quienes además se dedicarán a resolver cuantas incidencias pudieran surgir.

Este convenio contempla, además, acuerdos específicos anexos referidos al horario del servicio en cada unidad, la relación de destacamentos necesarios para cubrir el servicio, la estimación del coste total del servicio, especificando las fuentes de financiación y modo de abono y las normas para la coordinación, ejecución y seguimiento del proyecto, entre otros.

La duración inicial del convenio será de cinco años contados desde el momento en que comience la efectiva prestación del servicio, y podrá ser prorrogado automáticamente por períodos anuales.