Melilla es contraria a la redistribución de menores irregulares en centros peninsulares porque causaría "efecto llamada"

Melila no está de acuerdo en la redistribución de menores no acompañados venidos del Magreb en la red de centros de la geografía peninsular. La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, estima que la medida produciría un “efecto llamada” en el colectivo de menores irregulares orque “su objetivo no es Melilla, sino la Península”.

La Ciudad Autónoma vuelve a vivir otro momento de saturación en sus centros tras las cinco nuevas llegadas de menores registradas el miércoles. “Purísima -uno de los centros- está al límite”, reconoce la consejera.

Aun así y “cuando recibamos la invitación, y con tono constructivo”, Melilla estará en Madrid el 27 de septiembre para participar en la reunión que la secretaría de Estado para la Inmigración, Consuelo Rumí, quiere celebrar con las comunidades españolas afectadas por el fenómeno migratorio de los menores no acompañados.

Garbín Espigares tiene muy clara la solución ideal al problema: “negociación directa, acuerdos reales y efectivos con Marruecos con nuestra participación”. Si Marruecos no quiere acoger a sus propios menores, no habrá forma de impedir que sobrepasen los límites fronterizos de Melilla con el país alauita.

¿Devoluciones? La consejera de Bienestar Social melillense consta que “en los dos o tres últimos años, no se ha producido ni un sólo caso de devolución de menores”. El sistema para la reagrupación de menores exige unas garantías, previstas por la Ley de Protección del Menor, que Marruecos no acaba de cumplir, como son la agrupación familiar o, en su caso, la acogida por parte de los servicios sociales marroquíes. Como no se dan estas circunstancias, España, en este caso Melilla, no puede dejar desamparados a los menores inmigrantes.

En cualquier caso, María Antonia Garbín es partidaria de “estudiar muy bien el problema” porque la distribución en la red de centros peninsulares no es mala medida para la Ciudad Autónoma, “descongestionaría nuestros centros”, pero el efecto llamada tendría peores consecuencias.

Melilla, a fecha de 17 de agosto de 2006, acogía a 296 menores, de ellos 239 no acompañados. De éstos 10 se encuentran en centros andaluces por motivos “terapéuticos”, es decir, consumo de drogas, trastornos mentales y problemas de conducta, necesitan “una atención muy especializada” que los centros melillenses no pueden facilitar.

Si se analiza el problema desde el punto de vista económico, las cifras son de escándalo. La Ciudad Autónoma gasta anualmente seis millones de euros en la atención del menor inmigrante ilegal. Sólo el mantenimiento del centro de La Purísima se lleva la mitad de estas partidas y en uno de los centros, la Gota de Leche, el coste mensual de mantenimiento de un menor se eleva a 250.000 de las antiguas pesetas.