Satisfacción en UGT tras la aprobación definitiva de la nueva Ley de Autonomía Personal y Protección a las Personas en Situación de Dependencia

UGT se congratula públicamente de que el Congreso de los Diputados haya aprobado definitivamente y por mayoría el Proyecto de Ley de Autonomía Personal y Protección a las Personas en Situación de Dependencia, “un derecho social demandado por este sindicato desde 1998”.

El sindicato, que considera que con esta aprobación la Ley “está más cerca”, ha recordado que con ella se desarrolla parte de lo que actualmente se conoce como el cuarto pilar del Estado de Bienestar Social.

El texto que sale del Parlamento, asegura el sindicato, recoge las principales cuestiones defendidas por UGT y los principios acordados en el Acuerdo Nacional de Dependencia firmado por el Gobierno y los interlocutores sociales en diciembre de 2005. De esta manera, la Ley mantiene la composición del Comité Consultivo del Sistema, por lo que puede decirse que en él participarán la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades locales y las organizaciones empresariales y sindicales, un organismo consultivo que permitirá informar y asesorar la puesta en práctica de este nuevo derecho social.

Tal y como estaba dispuesta en el proyecto de ley, el Gobierno deberá presentar un informa anual a las Cortes Generales, en el que deberá incorporar la memoria del Consejo Territorial y el dictamen de los Órganos Consultivos.

En el texto que sale del Congreso, asegura UGT, se reconoce la competencia exclusiva del Estado para la regulación de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles mediante la creación de un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, con la colaboración y participación de todas las Administraciones Públicas y con pleno respeto de sus competencias.

Asímismo, se da carácter prioritario a los servicios del Catálogo de prestaciones, que se realizarán a través de la oferta pública de la Red de Servicios Sociales por las respectivas Comunidades Autónomas, y se mantiene la excepcionalidad de recibir una prestación económica por parte del beneficiario para ser atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca su Programa Individual de Atención. Además, la prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado y nivel de dependencia y, a igual grado y nivel, por la capacidad económica del solicitante. Del mismo modo, hasta que la red de servicios esté totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios señalados tendrán derecho a la prestación económica.

La financiación pública, que corre a cuenta de la Administración General del Estado, se fijará anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado, mientras que los convenios que se suscriban entre la Administración General del Estado y cada una de las Administraciones de las Comunidades Autónomas determinarán las obligaciones asumidas por cada una de las partes para la financiación de los servicios y prestaciones del Sistema.

Estos convenios, asegura UGT, podrán ser anuales y/o plurianuales, y recogerán criterios de reparto teniendo en cuenta la población dependiente, la dispersión geográfica, la insularidad, los emigrantes retornados, etc. y podrán ser revisados por las partes.

Pasada ahora la reválida del Congreso de los Diputados, esta Ley, que continuará su camino por el Senado, “da sus últimos pasos”. El objetivo es que inicie su andadura en 2007 y esté plenamente implantada en 2015.

Por todo ello, UGT manifiesta su satisfacción ante el hecho de que sea ya una realidad la propuesta que aprobó en marzo de 1998, en su 37º Congreso Confederal, a favor de una protección específica de las personas dependientes.