Chacón asegura que la subida del plus de residencia es independiente de las retribuciones al personal de la Administración del Estado

El delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, no ha tardado en salir al paso para dejar claro que, a pesar de lo dicho por Marín, la subida del plus de residencia es independiente de las retribuciones al personal de la Administración General del Estado, cifrada este año en un 2 por ciento.

Fernández Chacón ha realizado estas declaraciones tras las declaraciones efectuadas por el consejero de Administraciones Públicas de Melilla, Miguel Marín, en las que ha asegurado que el incremento del plus de residencia para empleados públicos en 2007 no será del 5 sino del 3 por ciento.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha recordado que, al margen de ese incremento del 2 por ciento para todas las retribuciones del personal de la Administración General del Estado, el pasado 29 de diciembre se aprobó un un Real Decreto Ley que autoriza al Gobierno de la Nación a actualizar la indemnización por residencia en Melilla y Ceuta por un importe de 4,5 millones de euros para el personal de la Administración General del Estado (AGE)en ambas ciudades autónomas, importe que se distribuirá en la Mesa General de Negociación de la Administración General de Estado y que supondrá un incremento promedio adicional, ha dicho, de un 5 por ciento para todos los empleados públicos de la AGE.

Tras explicar esto, Fernández Chacón ha vuelto a destacar que “ambos incrementos son independientes entre sí”, algo que queda demostrado, según ha dicho, por la Resolución de 2 de enero de 2007 de la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos que dicta instrucciones para la confección de nóminas de Estado, y que en su anexo número 15 refleja incrementada ya la indemnización por residencia para Melilla y Ceuta en un 2% para todos los grupos respecto al 2006 en desarrollo de la Ley Presupuestos. Además, mientras que el Real Decreto Ley que contempla el aumento de la indemnización por residencia es posterior a la Ley de Presupuestos.

Por todo ello, el delegado del Gobierno en Melilla considera que cualquier otra interpretación distinta a la manifestada por él “es errónea, con lo que no se hace ningún bien a los ciudadanos, a los que todas las instituciones públicas tiene la obligación de trasladar una información veraz, clara y transparente”.