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Lo confirma el delegado del Gobierno a Onda Cero
El Ministerio de Defensa no cederá terrenos a la Ciudad Autónoma hasta que no finalicen las obras de la Base Alfonso XIII
Pese a que algunos cuarteles militares se encuentran desocupados tras el traslado de algunas unidades a la Base Alfonso XIII, el suelo que ocupan no podrá dedicarse a otros objetivos.
Publicada en InfoMelilla el 28 de enero de 2007
Algunas de las unidades del Ejército en Melilla ya han abandonado sus cuarteles para reubicarse en la Base Militar de Alfonso XIII, como es el caso de Regulares. No obstante, los terrenos que ya no tienen uso militar no puede destinarse todavía a la construcción de viviendas sociales hasta que la base no esté concluida totalmente, informa el diario Melilla Hoy.
Será entonces cuando la reubicación sea total y, de este modo, se produzca una liberación conjunta del suelo. Pese a que algunos cuarteles militares se encuentran desocupados tras el traslado de algunas unidades a la Base Alfonso XIII, el suelo que ocupan no podrá dedicarse a otros objetivos como la construcción de viviendas sociales hasta que no esté concluida definitivamente la nueva base y todos los cuarteles estén reubicados allí.
En declaraciones a Onda Cero, el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, señaló que la liberación de estos terrenos deberá realizarse de forma conjunta aunque algunos de los cuarteles, como el de Regulares, ya no alberguen actividad militar alguna.
Ésta es una de las premisas principales que incluye el acuerdo suscrito entre la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio de Defensa y la Ciudad Autónoma, indicó Fernández Chacón, quien recordó que la Base Alfonso XIII “sigue construyéndose”. Por esta razón, instó a “esperar al traslado definitivo para que se produzca la liberación de suelo y ver las fórmulas que establece ese convenio sobre el suelo militar”.
Durante la entrevista radiofónica en el programa ‘Los desayunos del Parador’, el responsable gubernamental recordó que el Gobierno central ha cubierto la construcción de viviendas sociales en un 95 por ciento, ya que la Ciudad Autónoma “ha puesto muy poquito”.
Por esta razón, consideró que “quien menos pone no puede imponer las condiciones máximas del convenio” que actualmente está pendiente de un acuerdo entre el Ministerio de Vivienda y el Gobierno local.