Melilla será siempre "solidaria" en el tema de menores pero también coherente: "aquí no cabe ni un menor marroquí más"

Melilla será siempre solidaria con el problema de la inmigración, máxime cuando se habla de menores pero la ciudad autónoma “no puede acoger ni a uno más”, por la plena saturación de sus centros de acogida, ha manifestado la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín.

La máxima responsable de atención a menores inmigrantes no acompañados -en su 100 por 100 marroquíes- observa contradicción entre las palabras de la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, y el propio Gobierno al que pertenece.

Rumí sigue destacando que La Rioja, Madrid y Melilla son las únicas comunidades españolas que no acogen a menores procedentes de Canarias. Sin embargo, el propio ministro de Administraciones Públicas ha conseguido del Ejecutivo ZP una dotación de tres millones de euros, precisamente para financiar el coste de los menores no acompañados que saturan los servicios de acogida melillenses.

“Nosotros somos y no vamos a dejar de ser solidarios pero tenemos que ser coherentes; lo que nos falta es instalar tiendas de campaña para acoger a menores”.

El Centro de Acogida de La Purísima, con 185 residentes menores, está al borde de su capacidad y Melilla, haciendo un recuento de centros y desplazados a la Península, tutela a más de 300 menores no acompañados.

El fenómeno de la inmigración infantil, además, es cambiante. En Melilla se están produciendo continuas salidas y llegadas de menores sin explicación aparente y en Canarias, los menores centraofricanos disminuyen mientras que aumentan los procedentes del sur de Marruecos.

Y es que el proceso de la inmigración infantil se “adapta a los cambios de legislación”. De hecho, destaca Garbín, como en la actualidad se exigen cinco años de tutela para otorgar documentación de residencia, la edad media del menor inmigrante “ha disminuido” y si antes llegaban menores marroquíes de 15, 16 y 17 años de edad, ahora priman los de 12 y menos años que se quedan en el territorio nacional al menos cinco años para legitimar su residencia.