Miembros del Ministerio de la Vivienda y de SEPES viajarán a Melilla para inspeccionar terrenos sobre los que construir las 600 nuevas viviendas

Tras la firma ayer en Madrid del acuerdo marco para la construcción en Melilla de 600 viviendas protegidas, la ciudad espera la próxima semana la visita de miembros del Ministerio de la Vivienda y del SEPES para, junto a la Delegación del Gobierno y la Ciudad Autónoma, comenzar a inspeccionar los posibles terrenos sobre los que se construirán las viviendas.

La idea, según ha explicado el delegado del Gobierno, José Fernández Chacón, es agilizar el acuerdo adoptado y lograr que el inicio de las obras se lleve en un plazo de tiempo breve para subsanar, en la medida de lo posible, la pérdida de tiempo que según Chacón se ha producido por la negativa del Gobierno local de firmar el primer acuerdo propuesto por el Estado.

En este sentido, el delegado del Gobierno ha asegurado tener la “sensación extraña” de haber perdido nueve meses de tiempo, un período en el que podrían haberse llevado a cabo muchos trámites que aún están pendientes.

Pero el asunto cobra más gravedad, en su opinión, cuando se compara la primera propuesta del Ministerio con al acuerdo firmado ayer, y se llega a la conclusión de que la “única” diferencia es que ahora se especifica que 300 de las viviendas a construir, pasados diez años de alquiler, podrán ser adquiridas en propiedad por los adjudicatarios. “Para eso no habría hecho falta tanto tiempo” ha dicho Chacón, quien ha recordado que “en cualquier momento el patrimonio público puede ser enajenado por el Gobierno y poner a la venta una vivienda pública de alquiler. Se ha hecho durante años en toda España, de ahí esa sensación de pérdida de tiempo”.

Sea como fuere, lo cierto es fue ayer cuando se llevó a cabo la firmó de un acuerdo que, tal y como ha explicado Chacón, requiere un gran compromiso tanto por parte del Ministerio de la Vivienda, que aportará los 48 millones de euros necesarios para la construcción de las viviendas, como de la Ciudad Autónoma, que entre otras cosas, se compromete a potenciar el mercado de alquiler. Además, ambas administraciones impulsarán la rehabilitación de viviendas en la zona centro de la ciudad para poder ponerlas a disposición de los ciudadanos. Por su parte, la SEPES (Entidad Pública Empresarial del Suelo) será la encargada de la construcción de las viviendas en cuestión.

El acuerdo incluye también la creación de una Comisión Técnica de Evaluación, formada por la Delegación del Gobierno y por la Ciudad Autónoma, cuya misión será llevar a cabo la adjudicación de las viviendas y determinar la adecuación o no de los demandantes.