SATE-STEs asegura que, pese al informe PISA, el sistema educativo español "funciona razonablemente"

Tras la publicación del Informe PISA 2006, que pone en entredicho la calidad de la educación que reciben los escolares españoles, el sindicado SATE-STEs considera necesario relativizar la importancia de dicho informe, ya que “refleja aspectos parciales y muy concretos, y establece un ranking sin explicar los condicionantes que rodean al proceso educativo”.

El sistema educativo español en su conjunto, recuerda el sindicato, no suspende, contrariamente a lo que se ha dicho durante estos días, sino que obtiene, por ejemplo, 488 puntos en Ciencias, siendo la media de la OCDE de 491, y estando el suspenso en 401.

Lo mismo se puede decir, asegura, de los demás indicadores. “Lo evidente es que estamos por debajo de países de nuestro entorno, sobre todo, por la dejadez inversora en educación en los últimos cuarenta años”. Y si los datos para España son los citados, “en Melilla estaríamos en la misma cola, señalado por numerosos informes nacionales, entre ellos los del Consejo Escolar del Estado”.

En opinión de SATE, el sistema educativo “funciona razonablemente”, mientras que el profesorado “cumple bien con su labor, aunque las condiciones en que éste cumple su cometido disten mucho de ser óptimas”.

Para solucionar esta situación, el sindicato propone medidas como el aumento de la inversión en la educación pública. En este sentido, demandan que se alcance el 7 por ciento del PIB en la próxima legislatura, algo que serviría para reducir el número de alumnos en las aulas, una medida clave para mejorar el resultado escolar, para contratar trabajadores sociales para agilizar y mejorar las relaciones de los centros con las familias en aquellos casos que se precise, y para mejorar la formación del profesorado en aspectos como prevención y resolución de conflictos y potenciar la autonomía pedagógica de los centros.

En definitiva, SATE-STEs considera que el sistema educativo “funciona”, y que, por lo tanto, el Informe PISA “no debe usarse para infravalorar y descalificar al conjunto del alumnado y del profesorado. Aunque sean muchas las mejoras que quedan por llevar a cabo, se requiere para ello que tanto el Gobierno como las distintas administraciones autonómicas consideren la educación una prioridad”, ha finalizado.