UGT considera necesario potenciar la oferta de vivienda pública en alquiler y aplaude las medidas anunciadas por el Gobierno central

En medio de la polémica suscitada a raíz de la nueva política de vivienda emprendida por el Gobierno central, el sindicato UGT sale al paso para dejar claro que, desde su punto de vista, el conjunto de medidas aprobadas por el Consejo de Ministros en materia de vivienda suponen un paso adelante en la articulación de una política pública de vivienda que tenga como objetivo central garantizar a todos los ciudadanos el derecho a una vivienda digna, en línea con las propuestas realizadas por UGT el pasado mes de abril.

No obstante, el sindicato considera imprescindible abordar también medidas destinadas a potenciar el parque de vivienda pública en alquiler, para lo cual “los poderes públicos deberán considerar medidas como incrementar la oferta de vivienda protegidas, que no debe bajar de 100.000 al año, y de las cuales el 50 por ciento debería ser de alquiler real”.

UGT valora que este plan de medidas en materia de vivienda tenga uno de sus ejes fundamentales en la consideración del alquiler como opción residencial que es necesario potenciar, por lo que supone un paso adelante respecto a las políticas públicas de vivienda que históricamente ha tenido nuestro país, cuyo eje principal ha sido la propiedad como opción preferente.

La situación actual, en la que el acceso a una vivienda (en propiedad o en alquiler) se ha convertido en un problema para muchos ciudadanos, es el resultado del fracaso de las políticas que en este campo se han llevado a cabo en nuestro país en legislaturas pasadas, y que han dado lugar a que muchos ciudadanos se vean obligados a invertir en este capítulo una parte muy sustancial de su renta. Por tanto, UGT considera adecuadas y necesarias las ayudas al inquilino, en el objetivo claro de conseguir que el porcentaje de la renta que cada persona o unidad familiar destina a este fin no supere el 30 por ciento. “No obstante, este tipo de medidas debe articularse en función del nivel de renta de cada persona o unidad familiar”, ha dicho.

Asimismo, consideramos imprescindible que se tomen las medidas necesarias para frenar el proceso de degradación en las ciudades que afecta principalmente a las zonas antiguas y a los barrios habitados por personas de rentas bajas, con una política clara en materia de rehabilitación de viviendas.

Y finalmente, el sindicato considera necesario que el Gobierno establezca los controles y límites necesarios para evitar que las nuevas medidas puedan dar lugar a prácticas lucrativas o especulativas, y puedan surgir situaciones de regresión fiscal o de falta de equidad en el tratamiento fiscal de la riqueza.