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CPM denuncia al Gobierno local por incumplir el Reglamento al impedir a la oposición el acceso a la información requerida

Hassan Mohatar asegura que el Ejecutivo hace caso omiso al artículo 12.6 del Reglamento que otorga a los partidos de la oposición el derecho a examen e inspección de expedientes de la Ciudad Autónoma

Publicada en InfoMelilla el 28 de abril de 2008

Agencia EFE

La Coalición por Melilla (CPM), principal partido de la oposición, ha denunciado hoy que el Gobierno melillense "incumple" el Reglamento de la Asamblea al "denegar sistemáticamente" a los diputados de la oposición el acceso a la información relativa a la gestión del Ejecutivo.

En rueda de prensa, el secretario de Organización de la CPM, Hassan Mohatar, ha asegurado que el artículo 12.6 otorga a los partidos de la oposición el derecho a examen e inspección de expedientes de la Ciudad Autónoma "sin necesidad de autorización", a lo que el Gobierno autónomo "hace caso omiso" al "denegar sistemáticamente" cualquier petición de información.

Según Mohatar, el Ejecutivo melillense suele alegar la falta de autorización de los consejeros a los que compete la información solicitada, a pesar de que "el Reglamento es tajantemente explícito y claro" en cuanto a que la oposición puede acceder a la información requerida "sin necesidad de autorización".

El dirigente ha pedido a la vicepresidenta primera de la Asamblea, Cristina Rivas, que haga cumplir el Reglamento como "garante" que es de él, si bien ha recordado que ésta "ya fue condenada una vez" por incumplirlo.

En este sentido, Mohatar no ha descartado la posibilidad de que los partidos de la oposición vuelvan a recurrir a los tribunales porque "es el único camino que nos queda", pese a que los diputados del CPM y del PSOE "somos los que menos intención tenemos de judicializar la vida política".

Por último, ha vuelto a reclamar la presencia de los partidos de la oposición en la Mesa de Contratación porque "es un derecho que tenemos para fiscalizar la gestión del Gobierno", especialmente en un órgano en el que "se llevan a cabo contrataciones de millones de euros de los ciudadanos".