El Estado aprueba un nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación que llegará a un millón de hogares en toda España

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta de la ministra de Vivienda, el Real Decreto que regula el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, que nace con la doble voluntad de facilitar el acceso a una vivienda de los ciudadanos con más dificultades, pero también de rentas medias, al tiempo que busca aprovechar la producción sobrante de vivienda libre para ampliar el parque público al servicio de la población.

Según informa el Ministerio de Vivienda, el Gobierno cumple con el compromiso de aprobar el PEVR este año, cuando el anterior aún está en vigor evitando la paralización que se podría producir en el tránsito entre uno y otro. Con ello, el Plan se convierte en instrumento para hacer frente a la actual coyuntura económica.

El PEVR prevé 996.000 actuaciones en los próximos cuatros años, un 38 por ciento más que el Plan anterior, para permitir el acceso de los ciudadanos a viviendas en compra y especialmente en alquiler, promover la urbanización de suelo para VPO y mejorar el parque de viviendas actual.

La rehabilitación pasa a formar parte de la denominación del Plan como muestra de la importancia que adquiere en el mismo, en el que también se incorporan las ayudas Renove para la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad.

El Plan parte de la premisa de que es necesario cambiar nuestro modelo de construcción extensiva de obra nueva por otro intensivo sobre el parque edificado que no consume suelo, genera actividad en las industrias auxiliares y requiere incluso más mano de obra que la nueva edificación, con lo que puede absorber buena parte del desempleo en el sector.

Por eso, el Fondo para el Estímulo de la Economía y el Empleo del Gobierno destina 110 millones para rehabilitación de viviendas que se integran en el PEVR como inyección adicional para la puesta en marcha inmediata de sus primeras actuaciones.

El Plan, asegura el Ministerio, amplía los colectivos con protección preferente atendiendo nuevas realidades que requieren la ayuda del Estado. Entre los beneficiarios, que tendrán prioridad en el acceso a la vivienda protegida y ayudas reforzadas, figuran las familias con ingresos más bajos, mayores, jóvenes, mujeres víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o familias monoparentales con hijos y las numerosas, así como otros colectivos en situación o riesgo de exclusión social que determinen las CCAA. Ahora se añaden las personas dependientes, separadas o divorciadas al corriente del pago de las pensiones, afectados por situaciones catastróficas, personas sin hogar o procedentes de operaciones de erradicación del chabolismo.

Las ayudas se fijan por tramos y de manera inversamente proporcional a los ingresos, por lo que se beneficia más a quienes tienen menos rentas. Entre los colectivos más desfavorecidos, la Ayuda Directa a la Entrada puede llegar a los 12.000 euros para familias numerosas o monoparentales, personas con discapacidad o dependientes.

Del mismo modo, se crea la figura de los alojamientos protegidos para colectivos vulnerables. Serán residencias con espacios y servicios comunes en régimen de alquiler, con una renta más baja. Para facilitar su promoción se articulan subvenciones de 500 euros por metro cuadrado y se podrán construir en todo tipo de suelos desde el sector público o privado.

Como novedad se diseña un nuevo programa para la erradicación del chabolismo con ayudas para el realojamiento de estas personas en viviendas de alquiler. La subvención podrá llegar hasta el 50 por ciento de la renta de la vivienda.

De forma paralela, el Plan amplía el ámbito subjetivo de las ayudas para atender a las familias de rentas medias que habían sido expulsadas del mercado libre de vivienda por los altos precios, pero también quedaban fuera del régimen de vivienda protegida. El PEVR extiende a los hogares con ingresos de hasta 31.449 euros anuales (4,5 IPREM) la Ayuda Estatal Directa a la Entrada y la subsidiación de los préstamos convenidos.

Además establece un nuevo sistema para el acceso de los ciudadanos a una vivienda protegida para que puedan optar en igualdad de condiciones por la compra, el alquiler o el alquiler con opción a compra en las tres tipologías de VPO dependiendo de sus ingresos familiares: régimen especial para rentas de hasta 17.472 euros al año (2,5 IPREM), régimen general para ingresos de hasta 31.449 euros (4,5 IPREM) y régimen concertado para 45.500 euros al año (6,5 IPREM).